Cristina Kirchner presentó este jueves la apelación ante la confirmación de la condena del caso Vialidad. Solicitó que la Corte Suprema de Justicia resuelva absolverla. El Tribunal del juicio la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la Casación confirmó dicha sentencia.
Como adelantó Clarín, también con una apelación, el fiscal solicitó duplicar la condena contra la exmandataria y retomó la acusación como presunta jefa de una asociación ilícita.
Con un escrito de 40 páginas, la defensa de la ex vice a cargo de Carlos Beraldi, requirió que la sentencia condenatoria sea revertida cuando el caso ingrese a la Corte Suprema de Justicia. Eso no ocurriría antes de mitad de año.
El año pasado, los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña confirmaron el criterio que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) adoptó el 6 de diciembre de 2022 cuando resolvió condenar a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional como provincial, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El fallo incluyó una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos como responsable de delitos de corrupción.
El daño ocasionado al Estado, dijo la Justicia, asciende a 80.000 millones de pesos, por los 51 contratos viales otorgados al Grupo Austral de forma irregular, con direccionamiento de los procesos, sobrecostos, simulación de concursos, lo que posibilitó que el 86% de las obras licitadas terminaron en manos del mismo empresario: Lázaro Báez. El agravante es que el 50% de las rutas quedaron inconclusas pero se cobraron.
Según su defensa, faltan pruebas directas
En su apelación, el abogado de Cristina reiteró que la sentencia acusatoria no cuenta con pruebas directas que la avalen, “sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”.
En continuidad con ese criterio, la defensa consideró que los argumentos de la sentencia por corrupción, son “absolutamente arbitrarios desprovistos del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico” y se refirió a la vice como “la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina” en materia judicial.
La apelación de Cristina rechaza los fundamentos de la sentencia confirmada por la Casación, que refieren a una corrupción estatal que funcionó para beneficiar a Lázaro Báez, quien se impuso sistemáticamente en quince procesos licitatorios entre 2003 y 2015.
En su defensa, reitera la apelación que todos los procesos fueron documentados, legales, dentro de los circuitos administrativos correspondientes y con los organismos de control cumpliendo con sus respectivos roles.
“La falta de pruebas de cargo en contra de nuestra representada no obedece a los pretextos ensayados por el tribunal, sino es consecuencia directa e inmediata de que, como fue acreditado en el juicio, Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inocente del supuesto delito por el cual injustamente fue condenada”, ya había explicado Beraldi en un recurso anterior.
Sobre el juicio y la condena
En el escrito firmado por la defensa de Cristina Kirchner, se planteó que la Corte «debe intervenir en el presente caso, pues la condena impuesta a nuestra asistida resulta contraria al derecho federal».
Al momento de argumentar este primer criterio, se expresaron una serie de motivos planteadas en otras ocasiones.
La expresidenta considera que en el caso Vialidad «se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que recae sobre el Ministerio Público Fiscal, que hacen al debido proceso legal».
Hay que recordar que, en varias ocasiones y sin éxito, la defensa buscó apartar al tribunal de juicio como a los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación que confirmó la condena en su contra.
Después, volcó en la apelación una serie de críticas respecto a la realización del debate oral y público concluido el 6 de diciembre de 2022, cuando se dio lectura a la sentencia condenatoria. «Se ha quebrantado la garantía de la defensa en juicio» porque «no se observaron reglas básicas del sistema acusatorio que rige en materia penal».
La queja incluyó sobre este aspecto, tres consideraciones más: «Se infringió el principio de congruencia; se denegó prueba necesaria y conducente para la resolución del pleito; se impidió controlar prueba de cargo dirimente para fundar la condena».
Como en otras ocasiones, Cristina indicó que se está ante una situación de «cosa juzgada», discusión zanjada en Comodoro Py en reiteradas instancias, incluso por el máximo tribunal penal.
Finalmente, el abogado Beraldi considero que hubo «múltiples arbitrariedades en que incurrieron los magistrados para dictar y confirmar la condena de Cristina Kirchner».
Sobre ese argumento añadió que «se le ha atribuido el quebrantamiento de deberes que ni la Constitución Nacional, ni la ley, ni ninguna otra norma jurídica le imponían y, por ende, se violó el principio de legalidad sustantiva».
Ante la acusación de juicio, se indicó que se le «ha asignado responsabilidad penal por supuestos perjuicios patrimoniales que le resultaban absolutamente ajenos y que ni siquiera guardan congruencia con la presunta infracción de las normas invocadas, violándose así el principio de culpabilidad».