España ha puesto en marcha el plan para traer de vuelta los residuos radiactivos que guarda en Francia desde hace más de tres décadas, procedentes de la accidentada central nuclear de Vandellós I, en Tarragona. El Gobierno ha lanzado el proyecto para la construcción de un almacén temporal en los propios terrenos de la planta tarraconense para poder repatriar a partir de 2028 esos deshechos radiactivos con casi dos décadas de retraso en relación a la primera fecha programada inicialmente para traerlos de vuelta.
Por culpa de estos retrasos, motivados por la paralización y posterior carpetazo del proyecto de construcción de un solo almacén temporal centralizado en Villar de Cañas (Cuenca), España lleva pagando desde hace años unas penalizaciones millonarias por el incumplimiento del compromiso de la repatriación y por ir ampliando el tiempo que Francia tiene que guardar los residuos de Vandellós I, cerrada de manera precipitada en 1989 por el incidente nuclear más grave de la historia del país por un incendio.
Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares y de desmantelar las centrales españolas, lleva casi ocho años, desde el 1 de julio de 2017, pagando una sanción a la compañía francesa Orano por no traer de vuelta a tiempo los residuos de Vandellós I. España ya ha pagado en este tiempo 219 millones de euros por estas penalizaciones, y seguirá abonándolas hasta que en 2028 comience el traslado de vuelta de Francia a España una vez construido el nuevo almacén temporal de la central tarraconense. La indemnización se va ajustado y elevándose anualmente, y este año ascenderá ya a 85.000 euros cada día.
Las penalizaciones abonadas son una fianza que serán devuelta a España una vez que los residuos vuelvan a Tarragona. España seguirá engordando la ‘megafianza’ en los próximos años y tras la repatriación conseguirá una devolución que ascenderá a al menos 281 millones de euros, según las estimaciones oficiales de Enresa a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Un importe que se ingresará en el fondo gestionado por la propia Enresa que sirve para financiar los trabajos de desmantelamiento de las centrales y la construcción de los siete almacenes de residuos previstos en España, y que recibe los pagos de las compañías eléctricas propietarias de los reactores.
Por la propia tipología de los residuos generados por Vandellós I, el combustible se enviaba a Francia para ser reprocesado. Los costes totales por el acondicionamiento de los residuos en Francia (reprocesado, densificación, transporte, almacenamiento y los propios contenedores) ascienden ya a 809 millones de euros, sin incluir en ese importe las penalizaciones abonadas a modo de fianza.. Madrid y París han tenido que ir ampliando y modificando los contratos para que los residuos radiactivos siguieran en las instalaciones del grupo Orano (antigua Areva) en La Hague, en Normandía, por los retrasos para poder repatriarlos.
Con casi 20 años de retraso
España está obligada a traer de vuelta los desechos nucleares que envió a Francia tras el accidente, pero lleva años acumulando retrasos y sin cumplir el compromiso firmado. Inicialmente estaba previsto repatriar los desechos en 2010, luego en 2015, el último plazo fijado era para mediados de 2017… Pero los retrasos que fue acumulando el antiguo proyecto de construir un solo almacén temporal centralizado en Villar de Cañas (Cuenca) para todos los residuos nucleares de alta actividad fue postergando ese traslado, hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez dio carpetazo definitivo al plan de tener un único silo en el país.
El nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado por el Ejecutivo de manera definitiva hace poco más de un año, contempla ahora la construcción de siete almacenes temporales, uno para cada reactor del país. Y entre ellos, se encuentra el almacén para Vandellós I, con el objetivo de que esté operativo en 2027 y así iniciar la repatriación de los residuos desde Francia el año siguiente.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, acaba de abrir el proceso de audiencia pública del proyecto de construcción del futuro almacén de la central catalana y también de su estudio de impacto ambiental, como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La publicación en el BOE, la pasada semana, del inicio de la consulta pública dio formalmente el pistoletazo de salida al largo proceso para levantar las nuevas instalaciones que albergarán los desechos radiactivos.
Una vez que el proyecto consiga el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ejecutivo apruebe la declaración de impacto ambiental, podrá activarse -en principio en 2026- la licitación formal de las obras de construcción del almacén. La previsión que maneja el Ejecutivo es que los trabajos de construcción se alarguen durante 18 meses y el nuevo almacén esté operativo a finales de 2027, con el objetivo de iniciar la repatriación de los residuos radiactivos guardados en Francia ya en 2028.
Los residuos traídos desde Francia permanecerán en el almacén temporal en las inmediaciones del antiguo reactor de Vandellós I durante casi medio siglo, hasta que en 2073 esté ya operativo el cementerio nuclear definitivo (denominado almacén geológico profundo, AGP), que guardará toda la basura nuclear de las centrales españolas para siempre. Desde el Gobierno se asegura que aún no tiene una estimación exacta del coste de levantar el almacén temporal, y que no la tendrá hasta que no se avance lo suficiente en el diseño y el desarrollo de la ingeniería de detalle.
El antiguo reactor accidentado de Vandellós I fue desmantelado parcialmente entre finales de los noventa y los primeros dos mil, ahora está cubierto por un sarcófago de hormigón en estado de latencia y así seguirá hasta que se inicien los trabajos para su desmantelamiento total en 2030, que se alargarán durante 15 años.