El 18 de diciembre del 2023, presentamos una acción judicial contra el protocolo anti-protesta de Bullrich, junto a Cele Fierro y las abogadas Claudia Leaños y Mariana Chiacchio del CADHU (Centro de Abogadxs por los Derechos Humanos), para que se lo suspenda y se lo declare inconstitucional. Luego de esperar meses, se consiguió que la Justicia ponga a Bullrich a dar explicaciones, pero rápidamente se movieron los hilos y se elevó a la Corte para que defina la competencia y ahí quedó la causa archivada y olvidada.
La represión brutal del miércoles en la marcha de jubilados, con más de 100 detenidos, más 600 heridos y el fotoreportero Pablo Grillo peleando por su vida, deja en claro lo incompetente de la justicia adicta al poder hacia los reclamos de la clase trabajadora. Por eso hoy, volvimos a presentar un Pronto Despacho para que la Corte Suprema se expida a la brevedad ante la causa iniciada por la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes.
El documento expresa que la represión del miércoles deja a la muestra de todos la profundización de las políticas represivas del gobierno que viola los derechos humanos fundamentales y tratados internacionales, como el derecho a la protesta, la libre expresión y libertad de asociación.
También denuncia que “la utilización de la represión por parte del poder ejecutivo responde a la persecución política a quienes somos disidentes con el gobierno”, como fue el caso de los policías sobre el camión hidrante al grito de “vengan zurdos”.
Este protocolo, junto a la Ley de Reiterancia y la Ley Anti-mafias, es un combo autoritario, represivo y persecutorio para criminalizar a quienes salen a la calle a protestar, implementando por un gobierno con elementos fascistas en el intento de avanzar en un régimen más autoritario. No se lo podemos permitir, hay que seguir en las calles enfrentando estas políticas y todo el plan de ajuste del gobierno. Milei y Bullrich se tienen que ir.