La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso la suspensión y apertura de sumario a 196 cooperativas de trabajo que fueron constituidas entre 2021 y 2023 donde, al menos, uno de sus socios fundadores también creó, como mínimo, otras 4 cooperativas de trabajo en el mismo período. El pedido fue cursado a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Qué dice el informe sobre las cooperativas investigadas
El informe al que accedió iProfesional muestra que de las 196 cooperativas mencionadas, 158 fueron conformadas con tres o cinco integrantes, cantidad mínima permitida desde 2021, una situación que se modificó en diciembre de 2024 por el INAES, eliminando esa posibilidad en la constitución de cooperativas.
En ese entonces, el ministerio de Capital Humano estableció a través INAES una nueva exigencia para la constitución de cooperativas de trabajo y de provisión de servicios para productores rurales.
Según esta nueva normativa, es necesario contar con un mínimo de seis asociados para la conformación de este tipo de entidades.
Con esa medida, se revirtió una flexibilización instrumentada en 2021, la cual permitía la creación de cooperativas con tan solo tres o cinco integrantes.
«La decisión estuvo fundamentada en un profundo análisis, así como en los resultados de las fiscalizaciones realizadas durante el último año» explicaron a iProfesional fuentes cercanas a la ministra Sandra Pettovello.
Los datos oficiales indican que en 2023 se constituyeron 2684 cooperativas con un número de asociados inferior al mínimo ahora exigido.
No obstante, tan solo un pequeño porcentaje de estas entidades respondió a los requerimientos de fiscalización, lo que «generó preocupación sobre el cumplimiento de los principios cooperativos».
Desde Capital Humano señalan que esta modificación apunta a fortalecer los valores cooperativos y a garantizar el cumplimiento de los principios que rigen a este sector.
Según indicaron en un comunicado, «al establecer un número mínimo de asociados, se promueve una mayor participación y compromiso de los integrantes, lo que se traduce en una gestión más sólida y transparente».
Algunos de esos ejemplos corresponden a dos personas que constituyeron 14 cooperativas de trabajo cada una.
En los argumentos del INAES, al dictar la Resolución 3243/24, se menciona que las cooperativas de trabajo «tienen por objeto brindar ocupación a sus asociados, quienes perciben por ese concepto una contraprestación, siendo su aporte principal la fuerza de trabajo. Dicha fuerza de trabajo resulta fundamental para el cumplimiento del objeto social».
Por otro lado, en los documentos a los que a los que tuvo acceso iProfesional se informa acerca de la constitución múltiples cooperativas, con diversos objetivos sociales, en forma casi simultánea y con los mismos (a veces sólo tres) asociados, en algunos casos en lugares distantes entre sí por muchos kilómetros. Esto supone con alto grado de certeza, que fácticamente resultarán inviables.
Esos documentos oficiales dan cuenta también que «lo señalado previamente lleva a concluir que las personas que constituyeron múltiples cooperativas de trabajo en el período reseñado, no tenían la motivación de prestar su fuerza de trabajo a las mismas, dada la manifiesta imposibilidad de realizarlo, sino que lo hicieron por motivos que pueden implicar desvirtuar la figura de cooperativa de trabajo y hasta el fraude de la misma, ya que estas personas podrían haberse valido de la figura de la cooperativa para otros fines ajenos al cumplimiento del objeto social».
Victoria Tolosa Paz y Emilio Pérsico podrían ser citados por la Justicia
Fuentes cercanas a Capital Humano explicaron a iProfesional que uno de los dos casos mencionados, que constituyeron 14 cooperativas, corresponde a la dirigente piquetera Emilse Aguirre del Movimiento Evita de Berazategui.
Su hermano Matías Aguirre es el referente máximo en ese partido comandado por el ex Secretario de Economía Social, Emilio Persico, y el ex Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Presidencia, Fernando «Chino» Navarro. Todos podrían ser citados por la justicia en el futuro para ser indagados por el financiamiento del Estado a esas cooperativas, así como la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz por la llamada causa de «Los Guadapolvos» que investiga Capital Humano.
Se trata de los pagos realizados desde ese ministerio a algunas cooperativas por confección de guardapolvos que no fueron entregados.
Matías Aguirre, es actual concejal de Berazategui y se desempeñó como Jefe de Gabinete de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conducida en aquel momento por Emilio Pérsico.
Entre las principales irregularidades observadas por el INAES se destacan:
1)Socios fundadores en múltiples cooperativas: se identificó que, al menos, un socio fundador de cada una de las 196 cooperativas también había constituido otras cuatro o más en el mismo período.
2)Cantidad mínima de integrantes: 158 de las 196 cooperativas se conformaron con tres o cinco integrantes, la cantidad mínima permitida desde 2021. Esta situación cambió en diciembre de 2024, cuando el INAES eliminó la posibilidad de crear cooperativas con tan pocos miembros.
3) Casos extremos de fundación de cooperativas: se detectaron dos personas que constituyeron 14 cooperativas cada una.
4)Domicilios en sedes de organizaciones políticas: en algunos casos, varias cooperativas compartían la misma dirección, incluso en sedes de organizaciones sociales y políticas.
Entre los argumentos para suspender esas cooperativas, se menciona que el INAES, a través de la Resolución 3243/24, dictaminó que las cooperativas de trabajo deben estar destinadas a brindar ocupación a sus asociados, quienes perciben una contraprestación económica por su fuerza de trabajo.
La constitución de múltiples cooperativas con pocos integrantes, con objetos sociales diversos, y distantes geográficamente entre si, genera dudas sobre su viabilidad real.
El informe del INAES menciona que 4 de las cooperativas fundadas por Emilce Aguirre tienen domicilio en un local del Movimiento Evita, ubicado en Avenida 14 N° 4452, Berazategui.
Otras 4 cooperativas tienen sede en calle 21 N° 2615, esquina calle 126, también vinculada al Movimiento Evita.
En los documentos de constitución de cada cooperativa, Emilce Aguirre declaró profesiones diversas como albañil, cocinera, comunicadora, cuidadora, estudiante y trabajadora de mantenimiento.
A raíz de estas irregularidades, el INAES determinó la suspensión inmediata de las 196 cooperativas, la apertura de sumarios administrativos para investigar la legalidad de cada una y la revisión de las modificaciones en las regulaciones sobre la cantidad mínima de socios en cooperativas.
Hay que recordar también que el 15 de enero pasado, el INAES ya había dispuesto la suspensión de 7.873 cooperativas y 417 mutuales por falta de presentación de documentación.
Esa medida se adoptó en el marco del Plan de Reordenamiento y Control del padrón de entidades que obtuvieron su personería jurídica hasta el 31 de diciembre de 2022.
El objetivo central del mencionado plan, según explicaron desde INAES, era resguardar la figura y valores del cooperativismo y el mutualismo, así como también evitar su desvirtuación, abuso y utilización partidaria».
Cabe recordar que en el transcurso del año 2024, a través de la Resolución 878/24, el INAES intimó a todas las cooperativas y mutuales que adeudaban la citada documentación a regularizar su situación, pues ello denotaba la falta de funcionamiento regular.
Causa Guardapolvos
En ese entonces Capital Humano suspendió la actividad y dio de baja a otras 33 cooperativas investigadas en la «Causa Guardapolvos»
En este caso, la Justicia las investiga por presunto «lavado de dinero». Esas entidades, ligadas a movimientos sociales peronistas y kirchneristas, no tenían capacidad para desarrollar el trabajo.
De hecho, cobraron la mayor parte del millonario contrato que les había otorgado el ex ministerio de Desarrollo Social a cargo la actual diputada Victoria Tolosa Paz y hasta el presente no se entregaron las prendas.
El juez Julián Ercolini convocó en su momento a la división de lavado de activos de la Policía Federal Argentina para investigar un presunto caso de lavado de dinero relacionado con la causa «Guardapolvos» en la que están involucradas un total de 33 cooperativas que habrían recibido más de 5.000 millones de pesos del Estado para la confección de más de un millón y medio de esas prendas, pero que habrían entregado menos de la mitad y cobrado el 80% del total del dinero girado por el Estado.
En ese entonces una auditoría del INAES a cargo de Marcelo Collomb, descubrió «graves irregularidades» en su funcionamiento. Por ejemplo, «utilizando su estructura formal, eludieron la normativa vigente para este tipo cooperativo de trabajo, con prácticas que no se condicen con un trabajo en condiciones dignas, vulnerando sus derechos y el trabajo asociado, y para el beneficio exclusivo de ese grupo de personas».
En otras palabras, tenían a sus trabajadores, que eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en situación de semi esclavitud y hacinamiento.
Según esa auditoria entre las entidades afectadas se encuentran la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio, la Cooperativa de Trabajo Solutex y la Cooperativa de Trabajo General Mitre Manos Unidas. Estas suspensiones fueron formalizadas a través de las resoluciones INAES 2187/24, 2188/24 y 2173/24,respectivamente.