El Gobierno ha introducido modificaciones significativas a la Ley Nacional de Turismo con el objetivo de fomentar las inversiones en el sector y promover un desarrollo más equilibrado y federal. Estas reformas, oficializadas mediante el decreto 216/2025 publicado en el Boletín Oficial, incluyen la disolución de programas clave y la redefinición de las responsabilidades de la Secretaría de Turismo.
Este enfoque del Gobierno busca optimizar los recursos, adaptarse a los cambios del mercado y fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado. Uno de los cambios más destacados es la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística, que anteriormente se encargaba de coordinar las acciones administrativas entre las diferentes entidades públicas relacionadas con el turismo.
Según el decreto, esta decisión responde a la necesidad de eliminar redundancias y agilizar los procesos administrativos. Además, se suprimieron las responsabilidades vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo al turismo y el Plan de Turismo Social, lo que refleja un cambio en las prioridades del Gobierno hacia un modelo más orientado a la inversión privada.
Otro programa eliminado fue el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, que estaba destinado a financiar proyectos e inversiones de interés turístico a nivel nacional. La decisión de disolver este programa se fundamenta en la intención de generar condiciones más favorables para las iniciativas privadas, evitando interferencias que puedan alterar las reglas del mercado.
Según el Ejecutivo, las características dinámicas de la actividad turística exigen una organización de recursos más eficiente y adaptable a los nuevos desafíos y entornos. El decreto también introduce cambios en los deberes y facultades de la Secretaría de Turismo, que ahora se enfocará en promover la inversión en el sector, planificar de manera federal y coordinar la promoción turística tanto a nivel nacional como internacional.
Entre las nuevas responsabilidades, se incluye la gestión de acuerdos con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la promoción de incentivos para la inversión en turismo. Además, la Secretaría podrá celebrar convenios con instituciones públicas y privadas y diseñar campañas de marketing y promoción turística utilizando medios de comunicación que no generen costos adicionales para el Estado.
Enfoque
El enfoque federal es otro aspecto central de estas reformas. El Gobierno considera esencial atender las particularidades locales y regionales del turismo, eliminando cualquier normativa que avance sobre las competencias de las jurisdicciones locales o las iniciativas privadas.
En este sentido, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción y preservación de la actividad turística en sus respectivas áreas de competencia. Estas medidas podrían incluir beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los otorgados a la actividad industrial.
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