Visitación de Loyola tiene 100 años. El paso del tiempo de esta Madre de Plaza de Mayo no está reñido con la necesidad de recordar y por eso este lunes salió a las calles junto con miles de ciudadanos de Argentina en el Día de la Memoria, a 49 años del golpe de Estado que provocó miles de desaparecidos por razones políticas, presos, torturados y exiliados. La marcha tiene un fuerte carácter antigubernamental no solo debido a los efectos de la política económica y social, sino por el negacionismo de lo sucedido hace casi medio siglo en este país. El presidente Javier Milei ha hecho suyas las narrativas de los sectores más proclives a la reivindicación del último régimen militar.
Mientras las calles del centro de Buenos Aires comenzaban a poblarse, el Gobierno divulgó un mensaje oficial sobre los sucesos del 24 de marzo de 1976. No fue el anarcocapitalista el que tomó la palabra sino Agustín Laje, un joven ultraderechista que vive temporalmente en España, ha publicado varios libros vindicatorios de la represión y que se desempeña como ideólogo de Milei. Según Laje, a partir de la recuperación de las instituciones democráticas el 10 de diciembre de 1983, y especialmente durante el presente siglo, las nuevas generaciones fueron «adoctrinadas» y convirtieron a las Fuerzas Armadas en un «demonio único». Los argentinos, dijo, desconocen que antes del golpe de Estado existían organizaciones guerrilleras que fueron la causa de la intervención castrense. «La historia debe contarse completa o se convierte en un instrumento de manipulación política». Laje se apega a las explicaciones de los propios represores y sus abogados durante el histórico juicio a los excomandantes, en 1985, debidamente refutadas por la fiscalía, según la cual las organizaciones armadas estaban completamente derrotadas en todos los planos antes de la asonada. Laje cuestionó no solo el número de desaparecidos, sino el «negocio del setentismo», en alusión a las indemnizaciones que recibieron los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado o los supervivientes. Se quejó de que el Estado haya gastado 2.100 millones de dólares en reparaciones.
El escritor atacó a su vez la mirada sobre el pasado en las instituciones educativas y los relatos que considera sesgados. «Borraron de la memoria histórica el accionar de las organizaciones terroristas, que fueron entrenadas, financiadas e impulsadas por el régimen castrista, o sea por el socialismo cubano. Se entrenaron y recibieron armamento en la isla y volvieron a la Argentina para hacer su propio golpe de Estado», sostuvo. No obstante, reconoció que la lucha contrainsurgente no se dio en el marco de la ley. «Jamás pretenderíamos negar que hubo una represión ilegal del Estado».
Documentos de los servicios de Inteligencia
A la par de la postura oficial sobre el 24 de marzo, Milei ordenó que se desclasifique la documentación que existe en los sótanos del Estado sobre la actuación de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Su portavoz, Manuel Adorni, informó de que la desclasificación de informaciones en poder de la secretaría de Inteligencia (SIDE) no hace más que cumplir con un decreto de hace 15 años que nunca fue implementado completamente. «Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo», añadió Adorni.
Las organizaciones de derechos humanos recuerdan que los archivos sobre la represión ilegal en poder de las estructuras de inteligencia heredadas de la dictadura no dan cuenta de muchos aspectos nodales de la planificación de los crímenes de lesa humanidad. Buena parte de lo que se supo pudo reconstruirse a partir de los cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. En cuanto a los papeles que se encuentran en poder de la ex-SIDE, en 2021 se creó una comisión con organismos humanitarios para revisarlos, pero el trabajo no ha continuado desde la llegada del anarcocapitalista al poder.
El decreto de Milei, remarcaron, apunta a la vez a homologar las responsabilidades del Estado y las organizaciones guerrilleras que en vísperas del golpe de Estado estaban derrotadas política y militarmente. El Gobierno de ultraderecha se propone reconocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola, a finales de 1974, fue un crimen de lesa humanidad. La justicia argentina no lo ha tipificado de esa manera. Lo que se propone el Ejecutivo es crear las condiciones para que sus autores puedan ser juzgados. A la vez, se propone abrir otras causas sobre hechos armados.
El Gobierno no solo se propone discutir el pasado. Desde que tomó posesión, se han desmantelado la secretaría de Derechos Humanos y varios espacios dedicados a la preservación de la memoria del horror, como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro de detención ilegal por el cual pasaron unas 5.000 personas que en su mayoría fueron arrojadas al mar desde un avión. También ha sido desactivado el Banco de Datos Genéticos que ha contribuido al hallazgo de decenas de hijos de desaparecidos.
Baja la popularidad
Los mensajes oficiales se conocen cuando Milei atraviesa sus peores semanas políticas. La popularidad del anarcocapitalista se ha deteriorado como consecuencia del «criptogate» y la violencia policial contra los pensionistas que se manifiestan en las calles. De acuerdo con la consultora Zubán Córdoba, una de las pocas que predijo su victoria electoral en 2023, un 58% de los consultados desaprueba la gestión. A su vez, el 63% de los encuestados tiene una imagen negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un mismo porcentaje rechaza la posibilidad de un nuevo crédito. El Congreso acaba de ratificar el decreto que habilita al ultraderechista Javier Milei a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El carácter secreto del entendimiento genera especulaciones sobre la suma que recibirá este país. Se habla de más de 10.000 millones de dólares.