Se le atribuye a Albert Einstein la frase “no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo”. Los 45 paros generales convocados por la CGT desde la reapertura democrática de 1983 demuestran en cierta forma aquella creencia, que comparte una mayoría de argentinos que ayer desoyó la convocatoria de la central sindical a parar y que eligió trabajar.
Pocas dudas quedan de la naturaleza política de la huelga general de la víspera, la tercera efectuada contra el gobierno de Javier Milei en apenas 16 meses. En particular, si se tiene presente que esta misma CGT no dispuso ninguna medida de fuerza similar a lo largo de la funesta presidencia de Alberto Fernández, durante la cual sus líderes durmieron una prolongada siesta, pese a que al cabo de esa gestión el país quedó al borde de la hiperinflación, con salarios y haberes jubilatorios por el piso y una tasa de pobreza creciente.
El paro de ayer consolida una tendencia histórica, según la cual los gobiernos no peronistas recibieron el doble de huelgas generales que aquellos de signo peronista. Como da cuenta un estudio del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, la CGT ha realizado un paro cada cinco meses en gobiernos no peronistas contra un paro cada un año y nueve meses durante administraciones del peronismo.
La huelga de ayer demuestra que seguimos teniendo una dirigencia sindical anquilosada, que prefiere aferrarse a sus privilegios a fuerza de aprietes
De acuerdo con una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el paro habría tenido un impacto económico de 208.497 millones de pesos, lo que equivale a unos 194 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Y si el impacto no fue mayor se debió a que, esta vez, el transporte automotor de pasajeros no se plegó a la medida de fuerza y se mantuvo en funcionamiento, aunque con un menor ritmo de frecuencias y demoras en algunas líneas de colectivos. De haberse adherido al paro los colectiveros, la pérdida para el país habría ascendido a unos 530 millones de dólares, según el trabajo de la UADE.
En contraposición con lo afirmado por Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, el paro no fue rotundo ni exitoso. Lo rancio del mensaje de quienes convocaron a la huelga quedó en evidencia cuando el citado gremialista dijo, durante la conferencia de prensa brindada ayer, que la única división que se puede hacer es “entre las oligarquías y los trabajadores”. Tal vez debió haber recordado que si existe hoy una oligarquía en la Argentina es la de los caciques sindicales atornillados en las jefaturas de los gremios a lo largo de dos y hasta tres décadas. Se trata de una casta que naturalmente resiste cualquier intento de renovación o de real democratización en los sindicatos, y que ha influido sobre el Poder Legislativo para que nunca se traten proyectos que obligarían a los líderes de sindicatos y de obras sociales a hacer públicas sus declaraciones juradas patrimoniales, en tanto se trata de personas políticamente expuestas que manejan fondos de terceros y otros derivados del Estado.
Esa misma dirigencia resiste el debate sobre una reforma modernizadora de la legislación del trabajo, que apunte a poner fin a una situación donde casi la mitad del empleo es informal –principal fuente de desfinanciación del sistema previsional– y donde la industria del juicio laboral es una de las más prósperas.
Los paros no son el camino hacia las soluciones, sino parte del problema
La huelga de ayer demuestra que seguimos teniendo una dirigencia sindical anquilosada, que prefiere aferrarse a sus privilegios a fuerza de aprietes y de actos violentos, como los que ayer se vieron contra choferes de colectivos que salieron a trabajar en distintos lugares del país.
Es cierto que la economía del país dista de ser la mejor para los trabajadores y las empresas en un contexto donde la inflación aún no ha sido vencida y donde la incertidumbre política no ayuda a la llegada de inversiones productivas que alienten el empleo. Pero los paros generales no son el camino para hallar soluciones. Son, por el contrario, parte de un problema alimentado por una dirigencia sindical desgastada que provoca rechazo en la mayor parte de una sociedad que desea seguir trabajando para dejar atrás la crisis.
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