El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha puesto al gobierno mexicano contra las cuerdas. Para finales de septiembre o principios de octubre decidirá si lleva el caso de las desapariciones en México ante la Asamblea General.
En juego no solo está la imagen internacional del país, sino también la posibilidad de que el caso escale a la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
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Y es que la situación ya no puede maquillarse con discursos políticos. En México hay más de 127 mil personas desaparecidas, y el gobierno federal insiste en negar que exista una crisis o una política sistemática detrás de estas desapariciones.
El comité de la ONU, compuesto por 10 expertos independientes, activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La ONU considera que en territorio mexicano podrían estarse cometiendo desapariciones de manera generalizada y sistemática.
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“Recibimos informaciones con fundamentos suficientes para sostener que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en México”
declaró Olivier de Frouville, presidente del comité.
El gobierno mexicano reaccionó con negación.
La Secretaría de Gobernación rechazó tajantemente la acusación. La CNDH calificó el diagnóstico como “descontextualizado”.
También participando en la polémica, la presidente Claudia Sheinbaum, se limitó a decir:
“En México no hay desaparición forzada desde el Estado, eso no existe”.
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A pesar de que 141 casos de desaparición forzada desmienten la versión del gobierno, cuya credibilidad está por los suelos.
Mientras miles de madres rastrean terrenos baldíos con palas, el gobierno se dedica a defenderse como si se tratara de un ataque político. Incluso el Senado, bajo mayoría morenista, solicitó la destitución de Olivier de Frouville, presidente del comité.
Usuarios en redes calificaron la petición de destitución como un acto ridículo y muestra el profundo desprecio por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
“La respuesta del Estado debería enfocarse en construir soluciones, no en defenderse”,
sentenció Michael Chamberlin, activista y exconsejero de la CNDH.
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¿Qué pasará si el caso llega a la Asamblea General de la ONU?
El Estado mexicano tendrá que explicar, sin evasivas ni retórica, qué está haciendo realmente para detener las desapariciones y castigar a los responsables. Ya no podrá negociar ni manipular políticamente, porque los integrantes del comité son expertos independientes.
Como lo dijo Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México:
“El problema no es lo que piense la ONU, sino lo que sienten las víctimas. Negar la realidad solo profundiza su dolor”.
México está en la mira del mundo. No por su crecimiento, ni por liderazgo, sino porque el gobierno se niega a aceptar que miles de sus ciudadanos han desaparecido sin dejar rastro. México vive una crisis de desaparecidos, mientras el Estado voltea la mirada y sigue aplaudiéndose a sí mismo.