En un contexto de revisión de los principales componentes del gasto público, el Gobierno nacional evalúa modificaciones al sistema previsional argentino, como parte del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo por el cumplimiento de las metas fiscales. Según un informe presentado ante el Congreso, se trata de un diagnóstico técnico que aún no derivó en medidas concretas, pero que incluye una revisión estructural del sistema previsional y la finalización de la última moratoria jubilatoria.
El sistema previsional argentino atraviesa un proceso de revisión impulsado por diversas causas, entre ellas el envejecimiento poblacional, el alto grado de informalidad laboral y los compromisos fiscales asumidos ante el FMI. Según el último informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la sostenibilidad del sistema requiere una evaluación integral de carácter demográfico, financiero y jurídico, basada en experiencias internacionales.
El acuerdo firmado con el FMI establece entre sus objetivos prioritarios la consolidación del equilibrio fiscal. En ese marco, la titular del organismo, Kristalina Georgieva, expresó que «el programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal», a través de reformas que incluyan los sistemas tributario, de coparticipación y de pensiones. También se prevé un uso eficiente del gasto público con énfasis en la asistencia social prioritaria y la inversión en infraestructura.
El informe oficial subraya que «no se ha definido ninguna línea concreta de acción» respecto a la reforma previsional, aunque el análisis en curso se vincula directamente con el objetivo de alcanzar un sistema financieramente sustentable. El Gobierno aclaró que todas las versiones que circularon en torno a posibles cambios son especulaciones y que las decisiones oficiales se comunicarán una vez que finalicen los estudios correspondientes. El cronograma acordado con el FMI establece diciembre de 2026 como fecha límite para la implementación de reformas en este ámbito.
Jubilados:el fin de la moratoria previsional
Entre las modificaciones ya aplicadas se encuentra la finalización del régimen de moratoria previsional. Este mecanismo permitió el acceso a una jubilación a personas que no reunían los 30 años de aportes requeridos por la ley. De acuerdo a datos del Ministerio de Capital Humano, durante 2024 accedieron al Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP) 313.950 personas, sobre un total de 427.505 nuevos jubilados. Desde su implementación hace dos años, la moratoria permitió la inclusión de 580.623 personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 38% varones.
Según el informe de gestión presentado ante el Congreso, la decisión de no renovar la moratoria responde a una «revisión estructural del sistema de seguridad social». Sin embargo, continúa vigente la posibilidad de regularizar años de aportes mediante el PPDP para personas que se encuentren a menos de una década de la edad jubilatoria. Además, quienes hayan cumplido los 65 años y no cuenten con los aportes necesarios pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). A marzo de 2025, perciben la PUAM un total de 203.521 personas.
En cuanto a los criterios de acceso, el Gobierno señaló que el control socioeconómico aplicado a los solicitantes de la PUAM verifica ingresos, consumos y patrimonio, con el objetivo de direccionar los recursos a quienes se encuentren en situación de mayor necesidad. Según datos oficiales, más del 85% de los solicitantes superan dicho control.
El análisis oficial también menciona la caída en la tasa de natalidad como uno de los factores que comprometen el futuro del sistema previsional. En 2023 se registraron 460.902 nacimientos en el país, lo que representa una baja de 315.000 respecto al pico alcanzado en 2014. Asimismo, la cantidad de hijos promedio por mujer disminuyó de 2,4 a 1,4 en el mismo período. Esta evolución demográfica impacta directamente sobre la relación entre aportantes y beneficiarios, lo que genera tensiones en la sostenibilidad financiera del sistema.
Para Javier Milei, «la reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral»
Por otro lado, la informalidad laboral continúa siendo un desafío estructural. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el cuarto trimestre de 2024 el 42% de la población ocupada no registraba aportes al sistema formal, un incremento respecto al 41,4% registrado en el mismo período del año anterior. Las mujeres y los jóvenes menores de 29 años son los grupos más afectados por esta situación.
El presidente Javier Milei sostuvo recientemente que «la reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral», en referencia al alto nivel de informalidad. En esa línea, desde el Gobierno se señala que las medidas adoptadas para estabilizar la economía, generar inversión y mejorar la productividad están orientadas también a ampliar el número de trabajadores registrados, lo que impactaría positivamente en el sistema previsional.
En cuanto a la conducción del organismo previsional, la discusión en torno a la reforma se intensificó tras la salida de Mariano de los Heros de la titularidad de la ANSES. El funcionario había afirmado que «el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación», y que se analizaba la posibilidad de crear una Prestación de Retiro Proporcional, lo que generó controversia. Su salida del cargo fue interpretada como un intento del Ejecutivo de moderar el tono en un tema sensible para amplios sectores de la población.
Por el momento, el Ejecutivo mantiene una postura de diagnóstico y estudio técnico, en tanto los compromisos con el FMI presionan sobre el rediseño del sistema. La evaluación de alternativas que permitan mantener la cobertura previsional sin comprometer el equilibrio fiscal forma parte de un proceso que, según la información oficial, será presentado en detalle una vez completado. El plazo para definir e implementar posibles reformas se extiende hasta fines de 2026, en línea con los objetivos del programa económico en curso.