Walter Gil, de 24 años, reconoció haber participado del secuestro de Santiago Aguilera, en el marco del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N°3 por el crimen del joven de 18 años.
Gil y Julio César Ramírez, llegaron a esta instancia acusados por el secuestro seguido de muerte del joven ocurrido en agosto de 2022 en Villa Dolores.
Los dos hombres llegaron a esta instancia imputados como responsables de haber captado a la víctima, de pedir dinero a cambio de su liberación y de su muerte antes de que se concretase su rescate.
Gil aseguró que actuó presionado por “amenazas” provenientes de personas que describió como corpulentas, con acento porteño y que “no las conocía”, ni pudo reconocer sus rostros. Según su versión, estas personas le entregaron un dispositivo de comunicación a través del cual recibía instrucciones, una de las cuales fue dejar dicho aparato en una plaza del barrio San Martín, en la zona de Traslasierra.
Segun el relato del acusado, siguiendo esas directivas se comunicó telefónicamente con Santiago y lo convenció de salir de su casa la noche del 16 de agosto de 2022. El joven aceptó el encuentro, aunque no comentó nada a su familia sobre las razones reales, aparentemente porque Gil le había pedido mantener en secreto los mensajes, argumentando que podrían generarle conflictos con su pareja.
El tribunal esta integrado por Cristina Giordano (presidenta), Facundo Zapiola y José Quiroga Uriburu, mientras que el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre.
Durante la primera semana prestaron declaración familiares y amistades de la víctima, y también policías, y resta que lo hagan los testigos de la defensa.
El próximo miércoles 30 el tribunal realizará una inspección judicial en la localidad de Las Tapias, en la zona donde ocurrieron los hechos.
El hecho
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Enrique Senestrari, Gil y Ramírez, junto a un grupo de personas aún no identificadas, planificaron el secuestro de Aguilera, de 18 años, y para ello recabaron información sobre su familia, su número de teléfono y los recursos económicos de sus padres, para exigir un rescate a cambio de su liberación.
De esa manera, según la acusación fiscal, Gil —quien trabajaba en el corralón que la familia poseía en Villa Dolores— entabló una relación de confianza con Aguilera, lo cual le facilitó el engaño para llevar a cabo el secuestro.
El 16 de agosto de 2022, entre las 18.00 y las 23.30, Gil contactó a Aguilera a través de WhatsApp y llamadas telefónicas y le propuso tomar juntos una cerveza, aunque el joven rechazó la invitación porque tenía otro programa con un amigo. Sin embargo, Gil utilizó su automóvil para interceptarlo cuando salía de su casa. De esa forma, el joven fue trasladado hacia la zona de la localidad de Las Tapias, donde fue privado de su libertad.
Al día siguiente por la madrugada, desde el teléfono de la víctima, se enviaron mensajes a su madre para exigirle el pago de 7 millones de pesos a cambio de la liberación. Estas comunicaciones incluían amenazas y detalles sobre la familia, pero las negociaciones terminaron sin éxito.
Aguilera, cuyo estado de salud era frágil por haber recibido un trasplante renal, fue mantenido cautivo hasta el 20 de agosto. Durante su cautiverio, le infligieron heridas punzantes en su mano izquierda y otras lesiones.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, Ramírez manipuló el teléfono de Aguilera para continuar con las negociaciones hasta que el 20 de agosto, en algún momento entre las 10.00 y las 22.00, los captores causaron la muerte del joven mediante golpes en la cabeza y múltiples heridas punzantes en el tórax y la cabeza. Para la fiscalía, a pesar del pedido de recompensa, el plan incluía el asesinato de Aguilera.
Los antecedentes
La investigación reconstruyó que Gil había comenzado a trabajar en el corralón de la familia Aguilera en mayo de 2022, donde el joven colaboraba por las tardes. Esto le habría permitido al acusado iniciar una relación cercana con Aguilera, basada en encuentros sociales fuera del trabajo, por lo general en horarios nocturnos.
De acuerdo al testimonio de algunos empleados del corralón, ambos tenían una relación de pares, aunque esta era poco conocida por la familia de Aguilera. En estos encuentros, Gil indagaba constantemente sobre los bienes y el dinero de la familia; le hacía al joven preguntas sobre el corralón y mencionaba sumas específicas de dinero, incluyendo los 7 millones de pesos que fueron exigidos como rescate.
En ese contexto, Gil conoció trámites realizados por el padre Aguilera en la aseguradora Federación Patronal por dos siniestros: uno que vinculaba a su hijo con un accidente en moto, y otro a él mismo, sobre un roce con una camioneta del corralón.
Esta información fue luego utilizada en los mensajes extorsivos, para transmitirle a la familia la sensación de estar “vigilada”. Un día antes de llevar a cabo el secuestro, Gil le pidió a una amiga que le preparase un currículum, lo que para la fiscalía indicaba su intención de dejar el corralón tras perpetrar la maniobra.
La noche del secuestro Aguilera inicialmente rechazó la oferta de reunirse con Gil, aduciendo que tenía que ir al colegio al día siguiente. Gil insistió con mensajes y llamadas, hasta que la víctima salió de su casa a las 23.17 y le dijo que se iba a la casa de un amigo a tomar una gaseosa. De acuerdo a la fiscalía, Gil se encargó de manipular a Aguilera para que ocultara sus salidas y de esa manera se garantizó que no se lo vinculase al secuestro.
En la investigación se pudo dar con cámaras de seguridad que captaron el trayecto del auto de Gil desde su casa hasta las inmediaciones del domicilio familiar de los Aguilera, y luego en dirección a Las Tapias.
El análisis de impacto de celdas de telefonía celular confirmó que el dispositivo de Aguilera se movió junto al de Gil desde su domicilio hasta la zona donde fue hallado el cuerpo, y luego al domicilio de Gil, desde donde se siguieron enviando mensajes extorsivos.
En la acusación la fiscalía marcó que el día del secuestro Gil acudió a su lugar de trabajo como si nada hubiera pasado. Usó una moto en lugar de su automóvil para no levantar sospechas. Allí fue consultado por algunos compañeros de trabajo por el paradero de Santiago Aguilera y afirmó que habían cruzado mensajes para ir a tomar una cerveza, pero que finalmente no se habían encontrado. Mostró entonces el intercambio de chats a modo de prueba.
Entre el 17 y el 18 de agosto por la tarde Gil comenzó a sospechar que podía ser vinculado con el secuestro, por lo que transfirió el teléfono de Aguilera a Ramírez y otros cómplices para que continuaran las negociaciones mientras él mantenía distancia, aunque luego fue detenido por el caso. Los peritajes posteriores señalaron que Ramírez utilizó el dispositivo en al menos dos ocasiones.
Lesiones, muerte y hallazgo del cuerpo
Aguilera, que había recibido un trasplante renal de su madre, tenía 18 años y era dependiente de medicación diaria que no recibió durante los cuatro días que estuvo en cautiverio. Mientras estuvo privado de la libertad, le infligieron múltiples heridas, entre las que se incluyeron veinte punzantes y hematomas en el rostro, rotura dental, un surco horizontal en el cuello, posiblemente por asfixia o sujeción, tres heridas punzantes en el torax, excoriaciones en la espalda y lesiones en manos y piernas. De acuerdo al informe forense, las lesiones sugieren tortura debido a su ubicación, con el propósito de causar dolor sin ser letales.
De acuerdo a la autopsia, Aguilera fue asesinado entre las 10.00 y las 22.00 del 20 de agosto de 2022. La muerte se produjo por traumatismos de cráneo y tórax con un instrumento punzante, posiblemente un destornillador, lezna o cuchillo pequeño. El cuerpo fue hallado al día siguiente por la mañana en un camino rural, cubierto parcialmente por vegetación.
Para el fiscal Senestrari, Aguilera no permaneció encapuchado ni amordazado durante su cautiverio, lo que le permitió reconocer a sus captores. Bajo esta teoría, sostuvo el representante del MPF, la falta de negociaciones posteriores al mensaje extorsivo inicial y la prolongada privación de la libertad sugieren que nunca hubo intención de liberarlo, por lo que su muerte fue premeditada, ejecutada ante la presión policial masiva tras la desaparición.