La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se prepara para tratar la próxima semana un proyecto de ley que condona las deudas contraídas por los municipios con el Gobierno provincial durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. La iniciativa busca saldar los compromisos asumidos por las intendencias que recibieron fondos en el marco de dos programas impulsados por la gestión de Axel Kicillof en 2020 y 2023 para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia.
En concreto, se trata del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, creado por Decreto 264/2020, por un total de $8.200 millones, y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, establecido por el Decreto 1610/2023, que permitió que la Provincia abonara hasta el 50% de una suma fija para los trabajadores municipales, con una proyección de hasta $8 mil millones.
Aunque eran reembolsables, muchos distritos no devolvieron el dinero una vez vencido el período de gracia, lo que llevó al Ejecutivo bonaerense a iniciar retenciones automáticas. La deuda acumulada ronda los $7.900 millones, según datos oficiales.
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La propuesta legislativa fue debatida en forma conjunta por las comisiones de Asuntos Municipales, Legislación General y Presupuesto e Impuestos. Durante ese plenario se resolvió unificar los distintos proyectos presentados y se firmó un dictamen que habilita el tratamiento en el recinto. El texto que se debatirá surgió del proyecto presentado por el diputado radical Diego Garciarena, al que se sumaron iniciativas de los legisladores Juan De Jesús (Unión por la Patria), Valentín Miranda (UCR), Matías Ranzini (PRO), Fernanda Díaz (La Cámpora) y Berenice Latorre de Caro (UxP).
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Entre los puntos centrales del proyecto se destaca no solo la condonación de las deudas municipales, sino también una cláusula que ordena al Ejecutivo bonaerense reintegrar los fondos a los municipios que sí cumplieron con la devolución del dinero, generando así una discusión interna dentro del oficialismo. En ese contexto, la diputada Lucía Iáñez, también de Unión por la Patria y alineada con el intendente de La Plata, Julio Alak, decidió no acompañar el despacho. Su gesto evidenció el malestar de algunos sectores del oficialismo encuadrados en el Movimiento Derecho al Futuro, más cercano al gobernador.
En el Ejecutivo provincial reconocen que la decisión de avanzar con este tipo de medidas llegó luego de resolver el panorama electoral, tras la caída en 2023 del proyecto de Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva. La administración de Kicillof busca ahora retomar la agenda legislativa vinculada a la asistencia financiera a los municipios y un nuevo pedido de endeudamiento.
La iniciativa obtuvo respaldo de varios intendentes peronistas del conurbano que, semanas atrás, se reunieron con Kicillof, el ministro de Economía, Pablo López, y otros funcionarios en La Plata para plantear la necesidad de una solución. Entre los jefes comunales que encabezaron la comitiva estuvieron Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno).
Tras conocerse el dictamen, los intendentes celebraron el avance del proyecto a través de mensajes en redes sociales. “Durante la etapa de la pandemia, los municipios realizamos un esfuerzo muy grande para sostener económica y socialmente a la población. Por eso agradecemos al Ejecutivo provincial y a la Legislatura bonaerense condonar las deudas que los municipios mantenían con la Provincia”, señaló Mendoza. Por su parte, Nardini agradeció “al gobernador Kicillof y al bloque de legisladores de Unión por la Patria por impulsar la derogación de la devolución del Fondo COVID” y destacó el “nuevo y gran esfuerzo económico del Ejecutivo provincial”.
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Relaciones tirantes en el peronismo
A pesar del consenso alcanzado para avanzar con el proyecto, en la Legislatura bonaerense persiste un escenario de tensión interna y falta de coordinación entre el Ejecutivo y los bloques oficialistas. Desde el Gobierno provincial cuestionan el accionar de algunos legisladores que, según afirman, “se autonomizaron de los territorios” y no responden a los intereses de los intendentes.
En el plano político, la relación entre el Ejecutivo y la Legislatura se muestra cada vez más compleja. El peronismo es primera minoría en ambas cámaras, pero las diferencias internas entre los distintos sectores oficialistas condicionan el avance de la agenda del gobernador. Durante una reciente sesión, la jefa del bloque de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro, acusó al Ejecutivo de no ejercer liderazgo y no anticiparse a los problemas. “Los liderazgos cuando no toman decisiones a tiempo generan complejidad y desgaste”, lanzó.
El martes, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, agitó aún más el clima interno al cuestionar con dureza a La Cámpora, organización de la que fue secretario general durante quince años. “Están extorsionando al gobernador. Subordinan el funcionamiento normal de la democracia bonaerense a una negociación de espacios de poder”, denunció. Larroque también apuntó contra los presidentes de bloque Teresa García (Senado) y Facundo Tignanelli (Diputados), a quienes acusó de actuar “como opositores”.
La respuesta llegó de inmediato. Tignanelli negó los dichos y sostuvo que no recibió ningún mensaje del Ejecutivo en ese sentido. “Es una situación que está en la cabeza del exsecretario general de La Cámpora. Sería conveniente que no lo traslade a la política y lo arregle en un diálogo puertas adentro”, retrucó el diputado.
Con la votación programada para el miércoles 7 de mayo, el tratamiento del proyecto podría aliviar las tensiones con los intendentes, aunque difícilmente reduzca las fricciones internas que atraviesan al oficialismo bonaerense.
JD / Gi