Las obras de ampliación del Hospital Comarcal de Montilla acumulan ya ocho meses de retraso respecto al calendario inicialmente previsto por la Consejería de Salud y Consumo. Una demora que sigue generando un creciente malestar entre representantes institucionales, colectivos sindicales e integrantes de las Mareas Blancas y de las plataformas ciudadanas.
Los trabajos, que comenzaron el 16 de octubre de 2023, con una duración estimada de doce meses, siguen sin estar finalizados por parte de la empresa adjudicataria, Construcciones Sánchez Domínguez (Sando), que recibió un presupuesto público superior a los cuatro millones de euros.
El pasado martes, durante la concentración que tuvo lugar a las puertas del Área de Urgencias del centro sanitario de La Retamosa, los representantes sindicales denunciaron el estancamiento de las actuaciones. Así, zonas como el área de Endoscopias, Radiología, el gimnasio de rehabilitación o las consultas de Traumatología —todas incluidas en el proyecto original— «ni siquiera han comenzado a construirse», según detallaron los manifestantes, llegados desde distintos puntos de la Campiña Sur.
«Tampoco se ha actuado sobre la Unidad de Cuidados Intensivos ni sobre el área quirúrgica», precisaron las mismas fuentes, que lamentaron que «ni siquiera se ha aumentado el número de camas hospitalarias», pese a que este centro presenta la ratio más baja del país en camas por habitante. «La sensación general es de abandono», dijeron.
Valla que separa las obras de la zona de aparcamiento del hospital de Montilla. / José Antonio Aguilar
En similares términos se vienen expresando desde el Sindicato de Enfermería (Satse), que lleva meses poniendo el foco de atención en su baja dotación de camas. «El Hospital Comarcal de Montilla es el que dispone de la ratio más baja del Estado en cuanto a número de camas por habitante», recuerda Satse, que apela al «sentido común» y a la «responsabilidad» de la Junta de Andalucía.
Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, calificó las actuaciones como un «simple lavado de cara», al considerar que no se ha intervenido sobre servicios esenciales como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o el área quirúrgica.