Por seis votos a cuatro. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional se ha impuesto y ha aprobado este jueves declarar que la ley de amnistía del ‘procés’ es constitucional. En su análisis del recurso presentado por el PP, los magistrados han argumentado que la Carta Magna no veta iniciativas legislativas de esta naturaleza. Sin embargo, este pronunciamiento no tendrá ninguna consecuencia directa para el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, al no incluir mención alguna sobre la aplicación de la amnistía a la malversación.
Tampoco afectará a Toni Comín y Lluís Puig, que como Puigdemont siguen fuera del Estado; ni a la inhabilitación que aún pesa sobre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el secretario general de Junts, Jordi Turull. A ninguno de ellos se les aplicó la amnistía porque el Tribunal Supremo entendió que el delito de malversación por el que fueron condenados o fueron procesados en rebeldía entra dentro de las excepciones que la propia ley de amnistía incluye, al considerar que el desvío de dinero público para un referéndum ilegal supuso una forma de enriquecimiento personal.
Para que el TC se pronuncie sobre la inclusión de la malversación en la norma habrá que esperar a que resuelva los recursos de amparo de los afectados. Junqueras y Turull -igual que Raül Romeva y Dolors Bassa– ya presentaron hace meses sus apelaciones. No fue así en el caso de Puigdemont y Comín, que han tenido que esperar a que el Tribunal Supremo rechazara el incidente de nulidad interpuesto contra la negativa a aplicarles la amnistía, paso que la sala hizo este mismo miércoles. Puig, con un abogado distinto, usó otro camino y decidió acudir al Constitucional tras la primera negativa del Supremo. Es decir, sin presentar un incidente de nulidad como hicieron Puigdemont y Comín.
Sea como sea, la previsión es que los recursos de amparo de todos ellos se resuelvan a finales de año. Luego la cuestión volvería al Supremo, que aún podría presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para esquivar su aplicación. Este próximo 15 de julio se celebrará una primera vista sobre dos de las cuatro prejudiciales que ya se han presentado. Si el tribunal decidiera acumular las causas, ya no cabrían nuevas prejudiciales. En paralelo, su defensa lucha para que el caso pase a manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), donde cree que las condiciones le serían más favorables.
Petición de medidas cautelares
Pero Puigdemont tiene alguna vía más para anticipar su regreso. La principal es que haga una petición al Tribunal Constitucional de medidas cautelares para que se le retire la orden de detención, algo que se podría incluir en el recurso de amparo para cuya presentación su defensa dispone de 20 días hábiles desde que se rechazó el incidente de nulidad.
Junqueras también hizo una petición similar cuando acudió al TC, ya que pidió que se le levantara la inhabilitación para ejercer cargos públicos mientras los magistrados deliberaban sobre el fondo de la cuestión. En aquel momento, la Fiscalía del Constitucional se opuso a ese planteamiento porque consideraba que podía suponer una «anticipación del fallo», puesto que haría a la sala «pronunciarse sobre la ley», y también por la ausencia de comicios convocados.
El expresident también podría volverse a dirigir al Supremo para alegar la sentencia que el TC ha dictado en relación a la amnistía. No obstante, esta opción no parece que tenga muchas posibilidades de prosperar, porque en su caso el alto tribunal sostiene que ha aplicado la ley de la medida de gracia, aunque en su caso no tenga efectos prácticos, porque la malversación del ‘procés’ se incluye en sus excepciones.
Además, Puigdemont también podría arriesgarse a regresar sin que se hubiera levantado la orden de detención. El expresident ya protagonizó un fugaz regreso hace un año durante el pleno de investidura del presidente Salvador Illa, porque así lo había prometido durante la campaña electoral, y nunca ha descartado repetir la operación.
En cualquier caso, fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO descartan que la orden de arresto que tiene en vigor el expresident le supusiera una estancia larga en prisión, porque difícilmente un juez acordaría esa medida cautelar con una amnistía en el horizonte. Y más después del aval del TC a la norma. Sin embargo, no parece ser esta la primera opción sobre la mesa de Waterloo.