El Gobierno de Ecuador ofreció este domingo una recompensa de 100.000 dólares a quien proporcione información del paradero de Santiago Díaz, asambleísta recientemente expulsado del movimiento correísta Revolución Ciudadana tras ser acusado de violar a una menor. El anuncio lo hizo el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de la red social X, donde publicó un cartel con la cara de Díaz y un «Se busca».
Los datos que lleven a encontrar al asambleísta se podrán entregar llamando al 1800-DELITO (335486) o al 131, el número oficial del Plan de Recompensas que el Gobierno activó para conseguir información sobre líderes de bandas del crimen organizado. «Se garantiza absoluta confidencialidad», añadió Reimberg en la publicación.
Díaz fue denunciado esta semana por ser el supuesto autor de una violación a una niña de 12 años, una acusación que él rechazó y que calificó como un «ruin montaje judicial» en su contra. Después de que se hizo pública la denuncia, la Revolución Ciudadana, partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), lo expulsó de sus filas. El legislador aseguró que iba a pedir una licencia sin remuneración a la Asamblea Nacional (Parlamento) para defenderse de la acusación, pero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó su solicitud.
Tres allanamientos en Quito
El miércoles, la Fiscalía realizó tres allanamientos en Quito, la capital del país, en el marco de la investigación abierta y en esos registros la Policía confiscó documentos y dispositivos electrónicos, incluidos ocho teléfonos móviles, con el objetivo de recabar indicios. En esta semana también se conoció que, cinco días antes de que se hiciera pública la denuncia por violación, Díaz propuso ante el Parlamento una reforma del artículo 175 del código penal ecuatoriano para que la edad de consentimiento para una relación sexual baje de 18 a 14 años.
En el Gobierno de Correa, Díaz ocupó desde 2009 cargos en la Presidencia de la República, en la Secretaría Nacional del Agua, en el Tribunal Contencioso Electoral y en la Corporación Nacional de Electricidad. Entre 2014 y 2018 ejerció como asesor de la ya desaparecida Secretaría de Inteligencia (Senain) y, durante las elecciones presidenciales de 2021, fue nombrado procurador de la Alianza Unión por la Esperanza (Unes), el movimiento que impulsaba las candidaturas de los correístas Andrés Arauz y Carlos Rabascall para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. El propio Correa fue condenado a ocho años de cárcel por cohecho.