Las bases del acuerdo para la financiación singular de Cataluña pactadas este lunes entre el Gobierno y la Generalitat, a la espera de que se concreten en una reforma legal, abren la puerta a impulsar el sistema “federal” defendido por los socialistas sin necesidad de acuerdo con el PP. Siguiendo el modelo del ‘café para todos’ utilizado con la condonación parcial de la deuda, se buscará de forma bilateral con cada comunidad autonómica su generalización en función de las singularidades de cada territorio y de que quieran acogerse. Aparte, se tramitará una proposición de ley en el Congreso para materializar este nuevo marco fiscal que, si cuenta con el apoyo de la mayoría de investidura, no haría falta el acuerdo con el PP.
El acuerdo aterriza algunos de los principales elementos del sistema de financiación autonómico aprobado por los socialistas en su último congreso, empezando por el de “compatibilizar solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singulares”. Un intento de sortear las tensiones internas y de cuadrar el círculo haciendo equilibrios entre satisfacer lo pactado con ERC para la investidura de Salvador Illa y evitar las acusaciones desagravio. De este modo, el acuerdo también prevé una “financiación adicional para las competencias específicas y singulares de Cataluña y de las restantes Comunidades Autónomas que opten por ello como vía para la financiación de sus competencias no homogéneas”.
La ponencia aprobada por el PSOE en su congreso federal con la unanimidad de todos los líderes territoriales ponía sobre la mesa un modelo de financiación que “federalice la dirección de la AEAT para dar más capacidad de decisión a las Comunidades Autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas, impulsando la coordinación con las CCAA”. Algo que, según han trasladado tanto la Generalitat como el Gobierno tras la reunión bilateral, prevé su acuerdo. Esto es, “un modelo en red de gestión del sistema tributario donde participen la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas”. Este es el punto por el que se justifica el despliegue de la hacienda catalana y los cambios legislativos pertinentes para asumir de forma progresiva las competencias en la gestión del IRPF y, a futuro, otros tributos.
Como vienen defendiendo los socialistas desde hace años, tanto en sus ponencias congresuales como en programas electorales, otro de los puntos cardinales de su propuesta de reforma del sistema de financiación pasa por “cerrar el camino al dumping fiscal”. Algo en lo que insistió el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para hacer frente a la competencia fiscal a la baja de la Comunidad de Madrid. Un principio ideológico del PSOE que se asume también en el acuerdo alcanzado con la Generalitat. Dentro del punto de ampliación de la capacidad normativa, se incluye la intención de introducir en el nuevo sistema de financiación “mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja entre territorios”.
Como consta en la propuesta de financiación del PSOE, en el acuerdo con la Generalitat se encaja la bilateralidad con la multilateralidad. En la ponencia de los socialistas ratificada en su congreso de Sevilla, a finales del pasado año, se explicitó que “dicho modelo será aprobado de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos”. En el pacto de este lunes consta así: “El reconocimiento de espacio para la bilateralidad es compatible con la participación de Cataluña en las reuniones multilaterales que se celebren para alcanzar el consenso sobre la reforma del sistema de financiación”.
A pesar de los esfuerzos de los socialistas por hacer equilibrios, las críticas de las federaciones en Asturias y Extremadura se han mantenido. A modo de presión ante su temor de que acaben reflejándose posiciones de privilegio en el nuevo sistema. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue quien más elevó el tono, sin ni siquiera descartar un recurso de inconstitucionalidad en función de cómo se concrete la reforma parlamentaria.
Acuerdo extensible
Desde Moncloa se apresuraron a encuadrar el acuerdo para la financiación singular de Cataluña dentro de la “corresponsabilidad fiscal” y dar por garantizada la solidaridad. Como parte del desarrollo del Estado autonómico incrementando “la capacidad y la responsabilidad en la gestión de los impuestos de las comunidades autónomas”. Para el Ejecutivo, este acuerdo demostraría que “es compatible avanzar hacia una reforma de financiación que recoja bien las singularidades de los territorios y, al mismo tiempo, que sea generalizable al conjunto de comunidades autónomas”.
En el Gobierno incluso se tradujo este modelo como una “oportunidad” para que todas las comunidades, en función de sus estatutos, puedan alcanzar una mayor autonomía fiscal. En lo que insistieron principalmente fue en lanzar el mensaje de que “la solidaridad está garantizada con este Gobierno”. “Si alguien quiere ver agravios”, concluían fuentes del Gobierno, “que se fije en el trato que recibieron las comunidades autónomas con el Gobierno del PP y el que han recibido con el actual”, en referencia a que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, las comunidades autónomas “han recibido 300.000 millones de euros más de recursos que en los siete años de Rajoy”.
El socio minoritario de la coalición, que en un principio acogió con recelo el pacto con ERC para la financiación singular, celebró que le acuerdo sirva para abrir el debate sobre la «imprescindible reforma» del sistema de financiación autonómica recogiendo elementos como el freno al dumping fiscal y el aumento de recursos a las comunidades. Pese a la ambigüedad del texto, y las diferencias de criterios dentro del propio espacio de Sumar, se ha valorado positivamente la apertura del debate para reformar el modelo y rechazado las críticas de privilegios a Cataluña.
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