El gobierno de Baviera, encabezado por el ministro presidente Markus Söder (CSU), ha aprobado la introducción del controvertido »Wassercent», una tasa que impondrá un cargo de diez centavos por cada metro cúbico de agua subterránea extraída.
Esta medida entrará en vigor el primero de enero de 2026, aunque el cobro comenzará oficialmente a partir del primero de julio de ese año. A pesar de ser presentada como un avance en la protección del agua y una respuesta al cambio climático, la decisión ha generado fuertes críticas por su diseño, sus múltiples excepciones y su limitada capacidad de control.
Según el gobierno, el objetivo del impuesto al agua es »fomentar un uso más responsable del agua» en tiempos de escasez y crisis climática. Söder lo justificó señalando que el agua subterránea es el »oro azul» de Baviera y que protegerla es una prioridad.
Sin embargo, expertos, ambientalistas y representantes municipales han cuestionado la efectividad de la medida, señalando que la región está plagada de lagunas y beneficios para sectores poderosos, especialmente la agricultura intensiva y la industria.
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Uno de los puntos más criticados es la introducción de una franquicia de 5.000 metros cúbicos al año: empresas, industrias y grandes explotaciones agrícolas con pozos propios solo deberán pagar si superan ese umbral.
Los hogares particulares, en cambio, estarán obligados a pagar la tasa desde el primer metro cúbico.
Además, se establecieron amplias exenciones para usos como refrigeración industrial, producción de energías renovables, pesca o riego de jardines. La ganadería también queda fuera, lo que beneficia especialmente a explotaciones agroindustriales.
Estas excepciones han sido interpretadas por muchos como una concesión política a los sectores agrícola e industrial, respaldados por la CSU y los Freie Wähler, socios en el gobierno.
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Otro aspecto fuertemente criticado es la ausencia de mecanismos efectivos de control. Aunque algunos exigieron la obligatoriedad de instalar medidores de agua en las tomas de extracción, el gobierno se negó.
En su lugar, la tasa se basará en las cantidades autorizadas en los permisos existentes o en declaraciones voluntarias de los usuarios. Esta decisión, justificada por la intención de evitar burocracia, ha sido vista como una puerta abierta al fraude y al uso abusivo del recurso.
El dinero recaudado, estimado en unos 80 millones de euros al año, será destinado exclusivamente a la protección y gestión del agua. No obstante, críticos advierten que sin una base sólida de monitoreo y sin atacar a los grandes consumidores, este aporte económico difícilmente tendrá un impacto real en la conservación de los acuíferos, sino que podría ir a los bolsillos de ciertos políticos.
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