Buenos Aires. El presidente Javier Milei vetó este sábado las leyes que establecían un aumento en las jubilaciones y pensiones, y declaraban la emergencia en discapacidad. La medida será oficializada el próximo lunes con la publicación de los decretos correspondientes en el Boletín Oficial.
Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso a principios de julio, con amplio respaldo en ambas cámaras. En Diputados, el proyecto de aumento para jubilaciones recibió 142 votos a favor, 67 en contra, 19 abstenciones y apenas 28 ausencias.
La ley vetada implicaba una suba real del 7,2% para todos los haberes previsionales —excepto para regímenes especiales—, además de un incremento del bono mensual, que pasaría de $70.000 a $110.000, con actualizaciones por inflación. También contemplaba la restitución por dos años de la moratoria previsional que permite a quienes no completaron los 30 años de aportes acceder al haber mínimo.
En cuanto a la emergencia en discapacidad, el proyecto buscaba garantizar fondos y medidas urgentes para atender la situación crítica que atraviesan muchas personas con discapacidad, afectadas por recortes en prestaciones y retrasos en pagos a centros de atención.
La decisión de Milei, sin embargo, se da en un contexto de intensas negociaciones políticas. El Gobierno busca evitar que el Congreso reúna los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial, por lo que apuesta a mantener apoyos clave, especialmente en Diputados.
“Vamos a vetar. Aun si se diera el peor de los casos y el veto se cayera, lo vamos a judicializar”, había anticipado el mandatario semanas atrás durante un acto en la Bolsa de Comercio. “La política del superávit fiscal es permanente”, insistió entonces, reafirmando su postura intransigente frente al gasto público.
En paralelo, la Casa Rosada analiza una propuesta para calmar las tensiones con los gobernadores: el reparto de una parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque aún no se ha definido el monto. Los mandatarios provinciales reclaman no solo esos fondos, sino también una modificación en la distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos.
Con este veto, el Ejecutivo vuelve a marcar su línea dura en materia fiscal, en medio de un creciente malestar social y político por el ajuste económico y sus consecuencias sobre los sectores más vulnerables.