El juez Alexandre de Moraes, instructor del ficticio caso por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, ha intensificado las medidas de vigilancia contra el exmandatario, generando críticas por su actuación, considerada excesiva y politizada.
Este martes, De Moraes ordenó reforzar la seguridad en torno a la vivienda de Bolsonaro en Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria, ante un supuesto riesgo de fuga.
La orden incluye vigilancia las 24 horas y faculta a la policía a decidir si el despliegue se hace con agentes uniformados o de civil, así como el tipo de armamento a emplear.
El motivo declarado por el juez fue evitar una eventual huida, tras reportes no confirmados de que Bolsonaro podría buscar asilo en la Embajada de Estados Unidos.
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La acusación, basada en declaraciones del líder del Partido de los Trabajadores, Lindbergh Farias, cercano al presidente comunista Lula da Silva, no fue respaldada con pruebas verificables. Esta decisión ha sido interpretada como una reacción desproporcionada, tomada en un contexto de presión política más que de criterios jurídicos sólidos.
La situación se agrava al considerar que el juez Moraes también se pronunció sobre un borrador de petición de asilo a Argentina hallado en el teléfono de Bolsonaro. El documento no estaba firmado ni fechado, y la defensa argumentó que se trataba de una simple propuesta enviada al expresidente, sin intención real de ejecución.
Pese a ello, De Moraes decidió reforzar las restricciones, pasando por alto el principio de presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. Resulta cuestionable que un borrador sin validez legal ni carácter oficial pueda justificar el endurecimiento de las condiciones de detención.
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Además, el juez ha optado por delegar detalles importantes del operativo en la policía penal de Brasilia, sin establecer límites claros que garanticen el respeto a los derechos del acusado y su familia. Aunque pidió evitar acciones intrusivas, la ambigüedad de las instrucciones deja margen para interpretaciones arbitrarias y posibles abusos.
El contexto político en el que se produce esta decisión es clave: el presidente socialista Lula ha criticado abiertamente a Bolsonaro y a su familia, acusando al diputado Eduardo Bolsonaro de actuar en Estados Unidos para presionar a favor de su padre.
Lula calificó estas acciones como una »traición» y pidió incluso la pérdida del escaño parlamentario del hijo del expresidente. Estas declaraciones del jefe de Estado, en medio de un juicio en curso, evidencian un ambiente de interferencia política que socava la independencia judicial.
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En este marco, el papel de De Moraes se torna cada vez más polémico. Más que un juez imparcial, ha sido percibido por amplios sectores como un actor político dentro de una maquinaria judicial utilizada para neutralizar a opositores.
La participación activa del magistrado en decisiones altamente mediáticas y su cercanía con los sectores del poder actuales alimentan la percepción de que el proceso contra Bolsonaro no busca justicia, sino una persecución con fines políticos.
El juicio contra Bolsonaro comenzará el 2 de septiembre en el Tribunal Supremo, en sesiones que se extenderán hasta el día 12. Coincide con las celebraciones por el Día de la Independencia, fecha históricamente utilizada por el bolsonarismo para movilizar apoyo en las calles.
Esta coincidencia refuerza las sospechas de que el calendario judicial ha sido diseñado para neutralizar posibles expresiones populares de respaldo al expresidente.
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