El Gobierno de Pedro Sánchez iniciará el curso el martes 3 de septiembre con un acuerdo llamado a marcar el debate político en Andalucía. La propuesta de quita de deuda para todas las autonomías, que partió de un pacto con el nacionalismo catalán, sitúa al gobierno andaluz como el más beneficiado. Sobre la mesa la posibilidad de una reducción de la deuda autonómica prácticamente a la mitad con una condonación de 18.791 millones de euros de los 40.490 millones que conforman la deuda autonómica de acuerdo con los datos del Banco de España.
Esta propuesta está recogida en un proyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes 3 de septiembre y que posteriormente tendrá que ser ratificada por el Congreso en caso de que el Ejecutivo logre forjar una mayoría suficiente de votos. Si esto ocurre (algo que ahora depende del voto de algunas de las formaciones socias de investidura crítica con este modelo) el Ministerio de Hacienda podrá ofrecer públicamente al Gobierno de Juanma Moreno la condonación de 18.791 millones de euros y éste tendrá que decidir si lo acepta, y firma, o lo rechaza y deja pasar esta posibilidad.
«La comunidad autónoma que más se beneficia es Andalucia. No tiene argumentos para renunciar a esa condonación de la deuda. Si lo hace respondería sólo al criterio de Génova y al no por el no. Espero que recapacite. Es difícil que lo rechace», apuntó la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-Andaluz, María Jesús Montero, durante un encuentro con los medios de comunicación en la Zona Franca de Sevilla.
Montero trataba así de elevar la presión sobre el presidente andaluz con un tema que incomoda al Ejecutivo autonómico desde que se planteó por primera vez. Es cierto que no es una propuesta prioritaria para Andalucía ni resolvería los problemas de financiación o de ingresos que pueda tener la comunidad. Pero también lo es que no tiene efectos negativos, que siempre es más beneficioso menos deuda (y por tanto más margen para pedir nuevos créditos en condiciones favorables) y que supone un ahorro en el pago de intereses que podría alcanzar los 1.400 millones de euros en un año.
La Junta de Andalucía dice no
Pero al Gobierno andaluz sostiene firmemente su rechazo pese a que cada vez está mas cerca el momento político en el que tendrá que decidir si firma una quita de 18.000 millones de euros o decide mantenerse al margen y que se beneficien otras comunidades autónomas, como Cataluña o incluso Valencia con una posición de endeudamiento mucho más delicada.
El argumento del rechazo, que volvió a escenificar este viernes la consejera portavoz, Carolina España, es sobre todo político: «Es una medida que beneficia a Cataluña y que supone blanquear un pago al independentismo», apuntó.
En este sentido, incidió en que esta medida no supone un incremento de las transferencias a Andalucía ni una aportación extra de dinero líquido: «No hay un euro más para inversiones ni para sanidad educación. Sólo es una mejora en el balance de cuentas para las comunidades más endeudadas, pero no es el caso de Andalucía que es una comunidad solvente», detalló la consejera.
No obstante, sí es cierto que el ahorro en el pago de intereses correspondientes a estos préstamos que se condonarían por parte del Estado (a través del Fondo de Líquidez Autonómica) asciende a unos 1.400 millones de euros en un plazo de diez años. Un dinero que el Ministerio asegura que se podrán usar con otros fines, mientras que la Junta sostiene que no podrán reutilizarse al no implicar una alteración del techo de gasto.
El Gobierno andaluz incide, en todo caso, en que la única prioridad es un nuevo modelo de financiación autonómica que compense la infrafinanciación de las comunidades de Castilla La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía. Y mientras esto se aprueba la puesta en marcha de un fondo de nivelación que en el caso andaluz alcanzaría los 1.500 millones de euros, según los cálculos de la propia Junta y de instituciones como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).