La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta un nuevo escándalo en Misiones, donde beneficiarios de pensiones por invalidez denunciaron graves irregularidades en las auditorías realizadas en la ciudad de San Ignacio. En lugar de ser evaluados por profesionales médicos, los pensionados fueron atendidos por estudiantes en un edificio abandonado y recibieron constancias con la firma y sello falsificados de un cardiólogo de Pergamino.
Según relataron los beneficiarios, las citaciones se realizaron bajo apercibimiento de perder el beneficio en caso de no presentarse. Las evaluaciones se llevaron a cabo en un antiguo restaurante, sin condiciones sanitarias adecuadas y con largas filas en la vía pública. Al finalizar, los asistentes recibieron una “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS” sin membrete oficial, firmada con el nombre y matrícula ilegible del cardiólogo Leandro Peñaloza.
El documento establecía que los pensionados debían remitir la constancia y su documentación respaldatoria en un plazo de 30 días a través de la plataforma Trámites a Distancia, las oficinas de ANSES o un centro de atención de la ANDIS. Sin embargo, en la provincia de Misiones el organismo no posee dependencias propias.
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La denuncia del médico
Peñaloza negó cualquier vínculo con la ANDIS y aseguró que se trató de una falsificación. “Este viernes alguien estuvo usando un sello profesional a mi nombre que a todas luces es falso. No coincide la tipografía y la firma estampada no se asemeja a la que utilizo”, declaró a Clarín.
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Con más de cinco décadas de ejercicio en Pergamino, el médico afirmó que se trata de una usurpación de identidad. “En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así”, sostuvo, al tiempo que confirmó que ya se comunicó con el fiscal de Pergamino y presentará una denuncia penal.
Peñaloza también rechazó versiones que intentaban vincularlo con el oficialismo nacional: “No tengo relación alguna con La Libertad Avanza”, aclaró.
Reclamo judicial en la provincia
El caso salió a la luz apenas horas después de que el Gobierno de Misiones presentara un recurso de amparo en la Justicia Federal para suspender las auditorías y retrotraer las bajas de pensiones por discapacidad.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, aseguró que existen al menos un centenar de casos plagados de irregularidades. “No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso”, advirtió.
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En el planteo judicial, la provincia pidió la restitución inmediata de las pensiones no contributivas suspendidas y que el Gobierno nacional garantice un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible. “El Gobierno nacional no puede desentenderse de su obligación constitucional. Puede auditar, pero debe hacerlo sin vulnerar derechos”, enfatizó Antúnez.
Las denuncias se suman al clima de conflictividad en torno a la política de revisión de pensiones por invalidez. En las últimas semanas, la ANDIS quedó en el centro de la polémica por la suspensión de más de 111 mil beneficios a nivel nacional y por el escándalo de los audios que derivaron en la salida de su extitular, Diego Spagnuolo.
DCQ