Yolanda Díaz inicia la cuenta atrás para el examen decisivo de su medida estrella, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. El próximo miércoles el Congreso votará si la propuesta continúa su trámite parlamentario o si se rechaza definitivamente. A día de hoy, los números no están asegurados ante el rechazo de Junts y, ya el pasado junio, la vicepresidenta de Sumar aplazó la votación por no tener el apoyo de Carlos Puigdemont, que ha exhibido su negativa tajante a la propuesta. En esta ocasión, y ante la falta de avances en las negociaciones, han sido PP y Vox quienes han forzado el calendario para que esta votación se celebre la semana que viene, pese al intento de Sumar y PSOE de retrasarlo una semana más.
En la reunión de la Junta de Portavoces donde se debatía el contenido de las próximas sesiones parlamentarias, los socios de Gobierno abogaban por ganar algo de tiempo en las negociaciones, apelando a la gran cantidad de asuntos a tratar en la sesión del miércoles -el jueves no se ha convocado sesión parlamentaria con motivo de la Diada del 11 de septiembre y ante la posibilidad de que los partidos independentistas se ausentaran de las votaciones-.
Frente a la posición del Gobierno, PP y Vox han apostado por llevar la votación de la enmienda a la totalidad el próximo miércoles. En este caso, ha decantado la balanza el diputado de UPN, Alberto Catalán, que este martes representaba a los 9 diputado del Grupo Mixto y que se ha mostrado favorable de acelerar el trámite. Esta mayoría ha obligado a fijar el debate una semana antes de lo previsto por el Ejecutivo.
Las tres enmiendas a la totalidad que se debatirán son las de PP, Vox y Junts y todas ellas se votarán de manera conjunta, pese a que los motivos por los que se hayan registrado dichas enmiendas sean diferentes. Esto abocaría al Gobierno a una derrota, ya que las tres formaciones suman 177 diputados, una mayoría de la Cámara Baja que echaría por tierra el proyecto estrella de Díaz y obligaría a devolver el texto al Gobierno. Así, la única solución pasa porque Junts termine retirando su enmienda o se abstenga en la votación.
En el caso de que el Ejecutivo no logre, al menos, esa abstención de los posconvergentes, la tramitación del proyecto de ley decaería. Sin embargo, el Consejo de Ministros podría volver a aprobar la iniciativa más adelante, por lo que volvería a comenzar todo el proceso legislativo.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado que tras la decisión de la Junta de portavoces tienen “una semana para buscar los apoyos” y salvar la tramitación de la rebaja de la jornada laboral. “Muchas veces nosotros empezamos con apoyos cero y acabamos con mayorías pasa sacarlo adelante”, ha dicho en rueda de prensa en la Cámara Baja. Además, en un intento de presionar a Junts, ha apuntado que en esta iniciativa deberían estar “implicados” todos los que tienen “una cierta sensibilidad social”.
Sin avance en las negociaciones
Las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y el partido de Carles Puigdemont llevan meses en marcha, pero los posconvergentes mantienen su rechazo al considerar que la norma afectaría al pequeño y mediano empresario catalán. Díaz ha puesto sobre la mesa paquetes de ayudas a las pymes y ha amenazado con imponer un mayor control horario sin pasar por el Congreso, pero no se han producido avances en las negociaciones y desde Junts han exhibido con dureza su rechazo tajante a la reducción de jornada.
Díaz tiene así siete días para negociar in extremis el futuro de su propuesta insignia, de la que hizo bandera en las elecciones de 2023, y a la que han llegado a equiparar a la reforma laboral de 2022, que se salvó por un error en el voto del diputado del PP Alberto Casero. En aquel caso, Díaz aseguró a posteriori que habría dimitido en caso de no sacar la norma. En los últimos meses desde Sumar tratan de marcar diferencias entre los dos casos, avanzando un escenario donde la reducción de jornada tiene visos de caer. Fuentes del grupo insisten en que «las negociaciones siguen»; pero lo cierto es que los posconvergentes no parecen moverse de sus posiciones.
Antes del verano, ante el estallido del caso Cerdán, Sumar reclamó al PSOE que se implicara en las negociaciones para atraer el voto de los posconvergentes. Consideraban que una derrota en esta norma sería una derrota para el conjunto del Gobierno, pero el ala socialista no recogió entonces el guante. Está por ver si se decide a intervenir en la recta final de las negociaciones, y coincidiendo con la reunión entre Salvador Illa y Carlos Puigdemont.
No será el único examen de Yolanda Díaz la semana que viene. El martes por la tarde el Congreso también votará el decreto sobre permisos parentales que aprobó el Gobierno a final de julio, tras un importante pulso de Sumar. Las limitaciones de la medida, que sólo retribuye 4 de las 8 semanas de permisos parentales para familias de niños nacidos después de agosto de 2024, ha generado dudas también entre la mayoría de investidura. Este martes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, mostraba su «indignación» con la norma, criticando que sigue incumpliendo la normativa europea por remunerar las 8 semanas completas. Fuentes parlamentarias del partido dejan su voto en el aire, aunque creen que su rechazo se limitará, en todo caso, a una abstención.
Suscríbete para seguir leyendo