Los socios de Gobierno del PSOE y Sumar están negociando una serie de medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros del próximo martes, día 9, han confirmado a EFE fuentes gubernamentales, que no han concretado qué tipo de iniciativas podrían salir adelante.
La negociación llega después de que Sumar planteara el pasado jueves al PSOE una batería de medidas contra Israel para tratar de frenar el «genocidio» en Gaza, entre ellas declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas.
Esta proposición de ley, registrada por Sumar junto con ERC y Podemos en el Congreso, se acordó tramitar por la vía de urgencia, pero el espacio liderado por Yolanda Díaz ha planteado al PSOE la posibilidad de que sea aprobada directamente en Consejo de Ministros como real decreto ley.
La propia vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha explicado este sábado que están trabajando con el PSOE para «avanzar» en este paquete de medidas contra Israel, con la vista puesta en el Consejo de Ministros del próximo martes.
En declaraciones a los medios durante una visita a la localidad madrileña de Alcorcón, Díaz ha instado a romper relaciones con Israel e imponer sanciones a este Gobierno, que ha calificado de «genocida».
«¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo (de armas)», ha dicho.
Esta iniciativa parlamentaria, que fue admitida a trámite, propone incorporar la figura del embargo a la legislación española y habilitar así su aplicación efectiva para el comercio de armas a Israel.
Los cinco ministros de Sumar plantearon el pasado jueves a sus socios de Gobierno del PSOE otras medidas, como la retirada de la embajadora española en Tel Aviv, impedir el uso de aeropuertos y puertos españoles para el tránsito de armas con origen o destino a Israel, así como la exclusión de empresas con vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí o con operaciones comerciales y logísticas relacionadas con el conflicto en Gaza.