El “debate de fondo” dentro del Consejo de Ministros sobre hasta “dónde de lejos se va” con la tramitación de los Presupuestos llegó vivo casi al arranque del curso político. Así lo manifestaban los colaboradores de Pedro Sánchez. Entre las presiones del socio minoritario de la coalición, Sumar, para ir hasta el final con o sin apoyos parlamentarios y algunas dudas jurídicas alentadas por la oposición sobre la constitucionalidad de hurtar este debate al Congreso, en el Ejecutivo evitaban concretar sus intenciones. No por esconder sus bazas, sino por estar la decisión sin tomar.
Se imponía incluso entre los ministros que manifestaban su opinión en privado la idea de ganar tiempo. Esperar a “cómo van las conversaciones” con los socios. “No puedes sustraer a los grupos de la decisión”, sostenían las mismas fuentes. Hasta que Pedro Sánchez marcó posición en su entrevista el pasado lunes con ‘TVE’ y lanzó el órdago de presentarlos sí o sí al Congreso y llegar hasta la votación de totalidad. Eso sí, rechazando un adelanto electoral en caso de tumbarse. Cada grupo deberá retratarse de qué lado del arco parlamentario está, aunque sin la amenaza de consecuencias en forma de disolución de las Cortes les resta presión.
En Moncloa se refieren a una “decisión política”, rechazando una obligatoriedad constitucional. “No compartimos esa interpretación de la Constitución”, sostienen para fijarse más en el precepto que establece “la normalidad de lo que sucede si no se aprueban” que en el anterior, donde se alude a que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Algo que no hizo en 2023 por encontrarse en funciones ni en 2024 por decisión propia ante la falta de apoyos.
El objetivo es ir cumpliendo hitos “lo antes posible”, pero con flexibilidad para no “atornillar más a las fuerzas políticas”. Tampoco está previsto cargar las cuentas con reformas fiscales que polaricen
Entre amplios sectores de expertos constitucionales se comparte la tesis de que no presentarlos supondría un incumplimiento, aunque sin consecuencias, por lo que podría llevar al Tribunal Constitucional a establecer jurisprudencia o al Senado a presentar un conflicto de atribuciones. El PP ha amenazado por ello con recurrir al TC. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank cercano a la patronal CEOE, ya instó a ello en un informe el pasado mes de mayo.
Si en Hacienda siempre se impuso la pretensión de, al menos, contar con las garantías para que el proyecto de Presupuestos superase la votación de las enmiendas a la totalidad, ahora la apuesta no entiende de matices. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero aseguran que el Gobierno llevará el proyecto de Presupuestos al Congreso aún en el caso de que previamente se tumbe la senda de déficit. Un primer paso necesario sobre el que articular la elaboración de las nuevas cuentas, pero que no impedirá su presentación si no sale adelante. En 2024 decayó con los votos en contra de PP, Vox y Junts. El proyecto se elaboraría sobre la actual senda si se repite este rechazo.
Aunque Montero ha enarbolado el manido mensaje de que se “dejará la piel” para recabar los apoyos, en el Gobierno reconocen que no se ha producido ningún acercamiento con Junts. Los posconvergentes pretenden aumentar el déficit para Catalunya, mientras que en Hacienda consideran que lo único asumible, partiendo de la senda heredada, es mantenerla en el mismo punto. Pese al envite de seguir adelante, la derrota en esta primera votación sería un varapalo para el Ejecutivo y dejaría prácticamente en vía muerta el proyecto de unas nuevas cuentas públicas. Con todo, en Moncloa se insiste que está tomada la decisión de llevar los Presupuestos a la votación de totalidad.
En este contexto, el Gobierno ha arrancado el curso político redoblando los gestos hacia Junts y ERC. Se pretenden equilibrar las concesiones a ambos, desde la foto de Salvador Illa con Carles Puigdemont en Bruselas, hasta la aprobación de la quita de la deuda, comprometida con los republicanos, en el último Consejo de Ministros.
Ni plazos ni carga fiscal
En lo que se resta presión a los socios para facilitar las negociaciones es respecto a los plazos. La intención es que el techo de gasto y la senda de estabilidad, ya con retraso, estén listas este mes de septiembre. Sin embargo, se apela a la flexibilidad. El objetivo es ir cumpliendo pasos “lo antes posible”, pero “sin atornillar más a las fuerzas políticas”, explican los negociadores del Gobierno. Para ello tampoco está previsto cargar los Presupuestos con reformas fiscales, como el impuesto al diésel para el que no hay mayoría y por lo que la UE ya penalizó a España en la recepción de los fondos Next Generation al no cumplir con este hito.
Por el mismo motivo, se reclama desde el Ejecutivo a los socios no encerrarse en cuestiones “ajenas” a los Presupuestos a la hora de negociar. Un mensaje especialmente dirigido a Podemos, que sitúa como líneas rojas intervenir el mercado del alquiler o romper relaciones con Israel. El Gobierno ya ha comenzado a sondear a los grupos políticos y se resguarda en la discreción para que las conversaciones no se vean condicionadas por presiones externas. También para que los socios que electoralmente compiten entre sí no se miren de reojo, elevando sus exigencias artificialmente para no dar imagen de seguidismo al Ejecutivo.
Continuidad de la legislatura
El órdago del Gobierno con su hoja de ruta para llevar los Presupuestos a la votación de totalidad pierde fuerza al tratar de minimizar los efectos de una derrota en el Congreso. La voluntad es continuar la legislatura con o sin unas cuentas públicas, bajo el argumento de que el proyecto de Presupuestos «no es un fin en sí mismo» y que lo importante es la agenda de reformas llevada a cabo.
“Con los Presupuestos prorrogados se puede continuar”, asumen en Moncloa aun reconociendo las dificultades añadidas para ello. Sin embargo, los datos de crecimiento económico, la máxima de continuar desplegando los fondos de recuperación de la UE, que acaban el 31 de diciembre de 2026 y se definen como unos “Presupuestos bis”, y el hecho de haber asumido contingencias como la subida el gasto en defensa o la reconstrucción tras la dana con las cuentas prorrogadas, se destacan como elementos diferenciales para minimizar la importancia de tener nuevos presupuestos en el plano más logístico, para el funcionamiento del día a día.
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