Tanto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como el intermediario-consultor sanitario, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya están camino de sus juicios orales respectivos. Eso quiere decir dictar el auto de apertura de juicio oral: ha finalizado la instrucción y las partes -acusaciones y defensas- se preparan para la celebración -en la fecha que se fije- de la vista oral respectiva.
El interés de esta carrera, por así decir, no es baladí. La defensa de González Amador tiene previsto utilizar un veredicto favorable a sus intereses -una sentencia condenatoria del fiscal general del Estado- en su propio juicio. Para ello, obvio es, necesita que la vista de enjuiciamiento de García Ortiz tenga lugar antes de la suya.
Y es seguro que así será. Y por razones sencillas: la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Sala Penal) no celebra juicios salvo cuando se trata de personas aforadas. Y en este momento no hay previsto ningún juicio. Ergo: se puede fijar fecha rápidamente. Y fuentes de la Sala Segunda aseguran que quieren apartarse lo más rápidamente posible del cáliz del fiscal general del Estado. Por tanto, la perspectiva de celebrar el juicio en un horizonte de mes y medio o dos meses es bastante probable.
No sucede lo mismo con el de González Amador. Porque si bien la jueza Carmen Rodríguez Medel ha dictado el auto de apertura de juicio oral, la defensa de la pareja de Ayuso tiene pendiente desde primeros de septiembre en la Audiencia Provincial de Madrid un recurso ante la sección 3 contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (equivalente al auto de procesamiento). Como la resolución de este recurso no interrumpe las diligencias, la jueza obró conforme a derecho -pese al ataque proferido por un tuit de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, en el que insinuaba la mano invisible del Gobierno vía el ministro del Interior, quien habría ascendido al “hermanito” de Rodríguez Medel en la Guardia Civil- y dictó el auto de apertura de juicio oral el pasado lunes.
¿Qué pasa si la sección 3 de la Audiencia de Madrid admite el recurso contra el auto de procesamiento en las próximas semanas?
La defensa argumenta, en primer lugar, que la instrucción no ha terminado porque faltarían diligencias por realizar, que los abogados han propuesto y que la magistrada instructora –Inmaculada Iglesias, jubilada el pasado agosto- no consideró propicio admitir. Entre ellas aportaban documentación. La jueza consideró que las diligencias fundamentales están realizadas.
La otra razón para recurrir es sostener que no hay indicios en la causa. Es un argumento que con todas las evidencias, de sobra, difícilmente la sección va a aceptar. Y puede optar por señalar que, en efecto, todo el material se puede debatir en el plenario del juicio.
¿Qué sucede si se admite el recurso de la defensa? Que el auto de apertura de juicio oral contra González Amador se declara nulo y nos retrotraemos nuevamente a la instrucción para terminarla con las diligencias propuestas, caso de ser aceptadas.
¿Por qué quiere la defensa de la pareja de Ayuso que se celebre el juicio del fiscal general del Estado -que es lo que va a ocurrir- lo más rápido posible?
Porque apuesta a una sentencia condenatoria del fiscal general del Estado por revelación de secreto. Es decir: difusión del correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado Carlos Neira -representante de González Amador– reconocía ante la Fiscalía de Madrid que su cliente había cometido dos delitos fiscales, requisito que se exige para llegar a un acuerdo de conformidad y que se rebajen las penas. Con esa confesión, el pacto previsto y aceptado por Neira eran cuatro meses de cárcel para cada uno de los dos delitos y el pago de 520.000 euros a Hacienda.
El pacto se frustró a raíz de la batalla de los correos entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la Fiscalía General del Estado.
Bien. Si en efecto, la defensa de la pareja de Ayuso obtiene esa sentencia condenatoria el plan es utilizarla en el juicio oral que le espera con el argumento de que han vulnerado sus derechos fundamentales y su derecho de defensa, al revelarse su confesión de culpabilidad en el correo del 2 de febrero de 2024.
En las cuestiones previas que han de empezar nada más abrir la vista en el juzgado de lo Penal que corresponda ese será el primer argumento para fulminar el caso. La defensa conseguirá, como se ha apuntado, que el juicio de García Ortiz se celebre rápidamente, dentro de los próximos dos meses, y se prevé, porque la Sala Segunda así lo desea, acabar con una sentencia no menos rápido. Al fin y al cabo se trata de un solo delito y la Sala está en condiciones de dedicar mucho tiempo a interrogar a testigos.
Y, sobre todo, se quiere quitar este asunto de encima.
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