Por medio de los favores políticos de siempre y la traición a los intereses de las mayorías, La Libertad Avanza logró imponer su dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para tratar esta misma tarde, a partir de las 14 horas, el proyecto de Presupuesto 2026. La Ley de leyes, que el gobierno de Javier Milei presenta como la hoja de ruta hacia el déficit cero, se presenta como uno de los proyectos más dañinos que se hayan hecho contra los trabajadores, jubilados y los sectores más vulnerables.
Si bien el proyecto que se conocía ya mostraba un ajuste violento, a último momento, el Ejecutivo se encargó de que se incorporara al dictamen un artículo que deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, dos normas que habían sido conquistadas con la movilización y ratificadas por el propio Congreso tras el veto presidencial. Este movimiento deja en claro la crueldad del gobierno que no duda en quitarle recursos a las personas con discapacidad y asfixiar a la educación pública para garantizar los pagos de deuda al FMI. Esto se confirma si miramos el proyecto del Ejecutivo, el cual, prevé una caída real del 7,2% en los fondos para universidades respecto a 2025 y una disminución del 34,3% en comparación con 2023, consolidando el desfinanciamiento estructural del sistema educativo.
El éxito parlamentario del oficialismo no fue gracias a la magia de las Fuerzas del Cielo, sino de los comportamientos más rancios de la política tradicional. Para conseguir las firmas necesarias, la bancada libertaria contó con el apoyo inestimable de los bloques del PRO, la UCR y el MID, sumado a la mano alzada de los diputados que responden a los gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Estos mandatarios provinciales, que en algún momento se disfrazaron de opositores en sus distritos, canjearon el futuro del país por la promesa de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para sus cajas y la reactivación de algunas obras públicas. El pacto de entrega incluyó, también, la promesa de avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares, un reclamo histórico del lobby minero y de los gobernadores cordilleranos para habilitar el saqueo ambiental en zonas hoy protegidas.
En las últimas horas, el gobierno terminó de asegurar los votos mediante concesiones directas: al bloque del PRO le prometió, a través de un artículo ad hoc, que girará los fondos de coparticipación reclamados por la Ciudad de Buenos Aires, aunque sin fijar montos ni plazos, dejando la discrecionalidad en manos del Ejecutivo. Con estos acuerdos sellados, el oficialismo calcula un piso de 132 votos afirmativos para la aprobación en general, superando con holgura la mayoría simple necesaria. Por estas horas, el oficialismo confía en la aprobación en general del proyecto presupuestario, pero no se encuentra muy seguro de cómo será el desenlace de la votación en particular.
Junto al presupuesto, el oficialismo logró dictaminar otro proyecto clave para su esquema de impunidad financiera: la Ley de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa busca crear un régimen especial para que los grandes evasores y quienes fugaron capitales puedan blanquear sus activos sin ningún tipo de penalidades.
Mientras a los trabajadores se les cobra el IVA por cualquier compra, por más mínima que sea, además de negarle una recomposición salarial digna, el gobierno le acondiciona el camino a los delincuentes de guante blanco para que traigan los dólares que tienen abajo del colchón sin ningún tipo de costo. Con esto se activa la legalización de la evasión y un premio a la especulación, en un contexto donde los dólares faltan para comprar insumos médicos, pero sobran para la bicicleta financiera.
El escenario en el Senado no es muy distinto al de Diputados, en relación al contenido de la discusión que se está teniendo. A pesar de los reiterados cruces que tuvieron Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, pisaron el acelerador para tratar la reforma laboral. La intención del oficialismo es firmar un dictamen este viernes 19 de diciembre y llevar el proyecto al recinto el 26, en una sesión exprés entre las fiestas. Esta reforma, que elimina indemnizaciones, extiende la jornada laboral y precariza las condiciones de contratación, avanza en paralelo a la discusión de la Ley de Glaciares, configurando un combo de ataque a los derechos laborales y ambientales. La estrategia del oficialismo es aprovechar el fin de año para liquidar conquistas históricas, utilizando las mismas maniobras de rosca y compra de voluntades que se vieron en la Cámara Baja del Congreso.
Un plan de guerra contra las mayorías que exige respuesta en la calle
La situación política del gobierno se caracteriza por una aceleración a fondo de su programa reaccionario. Aprovechando una mayoría circunstancial construida con prebendas y extorsión, Milei busca cerrar el 2025 con todo el paquete de leyes, por lo menos con media sanción, para así ir consolidando un cambio de régimen económico y social. Con esta ofensiva, el gobierno intenta vender una imagen de estabilidad apoyada en anuncios técnicos como el cambio en las bandas cambiarias, pero la realidad es que están hipotecando el futuro del país y erosionando las condiciones de vida de todos los trabajadores. El ajuste que se busca imprimir es una decisión política puesta al servicio de transferir ingresos de los que menos tienen a los sectores más concentrados del capital financiero.
Frente a este panorama, la única respuesta posible se encuentra en la contundencia de la movilización popular. La convocatoria de la CGT para este 18 de diciembre, tardía y limitada por la negativa a llamar a un paro nacional, abre una grieta que se tiene que aprovechar.
No se puede seguir permitiendo que la burocracia sindical utilice nuestra presencia en la calle solo para acordar negociados espurios, mientras el Congreso vota el ajuste. Es necesario que este jueves llenemos la Plaza de Mayo con una columna independiente, exigiendo a la CGT y las CTA que rompan la tregua y convoquen a un plan de lucha serio hasta derrotar el presupuesto de hambre, la reforma laboral esclavista y la entrega de nuestros recursos naturales.
Desde el MST planteamos que el Frente de Izquierda Unidad debe jugar un rol fundamental, encabezando junto con los trabajadores del Garrahan, el sindicalismo combativo, los jubilados y otros sectores en lucha una columna independiente que busque formarse como alternativa a la débil oposición propuesta por el PJ y toda la burocracia sindical.