El Gobierno de Córdoba entregó por primera vez personerías jurídicas religiosas a comunidades de fe de la provincia, en un hecho considerado histórico por otorgar un reconocimiento legal específico a iglesias que hasta ahora debían inscribirse bajo figuras ajenas a su naturaleza espiritual.
El acto fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora en la Sala de Situación del Centro Cívico, donde representantes de 21 comunidades religiosas recibieron sus certificados de inscripción en el nuevo registro provincial. La medida da cumplimiento al compromiso asumido tras la aprobación del Decreto 176/2025, que reglamenta la situación jurídica de las confesiones alcanzadas por la Ley Nacional 21.745.
Hasta ahora, muchas iglesias debían registrarse como asociaciones civiles, fundaciones u ONG, lo que les impedía declarar formalmente su propósito religioso y limitaba su vinculación institucional con el Estado. Con esta nueva figura, las comunidades acceden a un marco legal acorde a su identidad, que les permite administrar bienes, rubricar libros, firmar convenios y organizarse según sus propios estatutos.
Durante el acto, Llaryora destacó que la normativa responde a una demanda histórica de las comunidades religiosas y remarcó que la personería jurídica les otorga plena libertad para ejercer su credo y fortalecer el trabajo conjunto con el Estado provincial y los municipios. También subrayó el rol social que cumplen las iglesias en los territorios, especialmente en tareas de contención familiar, prevención de adicciones y acompañamiento comunitario.
La nueva regulación fue definida como pionera a nivel nacional, ya que agiliza los trámites administrativos y reconoce a las comunidades religiosas como sujetos jurídicos específicos. Autoridades provinciales señalaron que esta herramienta permitirá mejorar la articulación de políticas públicas en áreas sensibles donde las iglesias tienen presencia cotidiana.
Desde las comunidades beneficiadas, líderes religiosos valoraron la entrega de las personerías como un punto de inflexión luego de décadas de gestiones, y coincidieron en que el reconocimiento legal fortalece su misión y su trabajo en barrios y sectores vulnerables.
Del acto participaron ministros del gabinete provincial, legisladores, intendentes y representantes de distintas confesiones religiosas de toda la provincia.