El gobierno de Javier Milei ha instalado un nuevo sentido común: naturalizar el ajuste como si fuera una ley física y aceptar el retroceso social como si fuera un destino inevitable. Vetos selectivos, presupuestos a la baja y recortes quirúrgicos en áreas esenciales componen una política que no solo redefine el rol del Estado, sino que reconfigura la vida cotidiana de millones de argentinos. No estamos frente a medidas aisladas ni a errores técnicos: estamos ante un proyecto deliberado que debilita derechos y profundiza desigualdades.
La ciencia paralizada, la tecnología desfinanciada, la educación puesta contra las cuerdas y miles de pacientes con enfermedades graves a la espera de medicamentos que ya no llegan trazan un panorama tan concreto como preocupante. Cada recorte tiene nombre y apellido: son científicas frenando sus investigaciones, docentes sosteniendo aulas sin recursos, familias enteras sin respuestas del sistema de salud. Cuando el Estado se retira, no queda “más libertad”: queda más desigualdad.
Pero la historia argentina —y la historia universal— demuestra algo que los gobernantes suelen olvidar: cada vez que se intentó avanzar sobre los derechos del pueblo, la respuesta fue la organización social. Ningún derecho se obtuvo por resignación. Ningún avance se conquistó desde un sillón ni en silencio. Las grandes luchas que marcaron este país nacieron siempre del mismo lugar: la calle, la unidad y la persistencia.
Por eso, frente a un gobierno que reduce, limita o directamente elimina derechos, la reacción de los sectores afectados no solo es previsible: es inevitable. La política que hoy ajusta sobre científicos, enfermeros, docentes, jubilados y trabajadores, mañana chocará con la resistencia de quienes no están dispuestos a perder lo que tanto costó construir.
Cuando un derecho cae, todos tambalean. Y cuando tocan el futuro, los pueblos se levantan.
Si recortan derechos, nos encuentran de pie.
Si recortan el futuro, nos encuentran organizados.