Hace 35 años, un presidente norteamericano decía: “Estamos en el Golfo porque el mundo no puede ni debe recompensar las agresiones. Y estamos allí porque nuestros intereses vitales están en juego (…) Nos enfrentamos a un dictador peligroso que está más que dispuesto a utilizar la fuerza, que posee armas de destrucción masiva y está buscando otras nuevas, y que desea controlar uno de los principales recursos del planeta, todo ello en un momento de la historia en el que se están elaborando las reglas del mundo posterior a la Guerra Fría”.
Era George Bush (padre). Pocos días antes, el iraquí Sadam Husein había ocupado Kuwait. Tramitó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución, emplazando a Bagdad a retirarse. Trabajó una coalición militar, donde fue fundamental Margaret Thatcher. Intentó convencer a la reticente sociedad norteamericana, herida por la guerra de Vietnam. Obtuvo una ajustada autorización del Congreso. El 16 de enero de 1991, anunció el inicio de la Operación Tormenta del Desierto.
Seis semanas después, Bush dio por cumplidos todos los objetivos. “Ha sido un triunfo (…) para todos los miembros de la coalición; para Naciones Unidas, para toda la humanidad, para la legalidad, para lo que es correcto”, expresó. Se conformó el retiro irakí de Kuwait. Muchos líderes pidieron parar allí: Francois Miterrand en Francia, Mikhail Gorbachov en la Unión Soviética.
Las bajas norteamericanas no llegaron a las 150. Pero sus consecuencias fueron tremendas, más allá de la “legalidad” con la que la Casa Blanca barnizó el hecho de guerra. Hundieron el futuro de la mayoría de los referentes políticos involucrados una u otra forma (Bush, Thatcher, Gorbachov, entre otros). Los costos ambientales y sociales se prolongaron por muchos años (se quemaron 600 pozos petrolíferos y se generó una contaminación sin precedentes).
Sadam mantuvo el gobierno. La inestabilidad regional no paró, desencadenando en 2002 la denuncia, por George W. Bush del “eje del mal” entre Irak, Corea del Norte e Irán, invadiendo nuevamente Irak en 2003.
Horadó gravemente el prestigio de la ONU, poco relevante en 1990/91 e insulsa en 2003. Como sabemos, Husein fue aprisionado por EE.UU., devuelto en 2005 a un tribunal “irakí” que lo condenó a muerte en 2006. A 20 años de la horca, su legado goza de seguidores en todo el mundo árabe (especialmente en Palestina) e incluso en la India.
La política del mundo, ésa que trataba de presentar al planeta como un orden tendiente a la armonía, utilizando un instrumento denominado Derecho Internacional Público, sencillamente, se desvencijó.
Otra vez, política y petróleo
Cualquier defensor de la democracia debería apoyar una transición democrática en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha sido, desde su origen, una dictadura. Acumula denuncias por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos. Se cuestionan fundadamente los comicios presidenciales de 2024. Pero ello no vuelve aceptable terminar con ese ciclo nefasto a cualquier precio. Como tampoco, la procura de apropiación de los recursos de Venezuela (el petróleo aparece como obsesión).
Si el derecho internacional está fundado en principios globales (paz, seguridad, cooperación, solidaridad, sustentabilidad, etc.); si éstos mantienen su vigencia por imperio de constituciones y tratados, con carácter fundamental y por tanto con primacía sobre valores o criterios complementarios o secundarios; si estos marcos informan y dan contenido a una comunidad internacional, sujeta a reglas y a órganos encargados de velar por ellas, una intervención militar impulsada en absoluta soledad por el titular del Poder Ejecutivo de los EE.UU, sin otro respaldo que su propia voluntad, carece de sustento jurídico.
El punto de partida es sencillo: el uso unilateral de la fuerza está prohibido. La Carta de las Naciones Unidas consagra tanto la interdicción de la guerra como el principio de no intervención en la soberanía de los Estados. Si el gobierno de Maduro representaba una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, EE.UU debería haber mantenido los carriles pertinentes: la Corte Penal Internacional, que ya tiene casos bajo su análisis, y el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano encargado de evaluar la situación y promover soluciones pacíficas. Sólo en caso extremo, y mediante una resolución expresa, el Consejo podría autorizar el uso de la fuerza, de acuerdo con los artículos 39 y siguientes de la Carta.
Tampoco hay margen para invocar la legítima defensa. Venezuela no atacó a los EE.UU ni directa ni indirectamente, como exige el artículo 51 de la Carta. Sin ataque previo, no hay autodefensa posible.
Desde el atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001 (o quizá desde el 16 de enero de 1991), Washington invoca la doctrina de autodefensa preventiva. La sospecha de una amenaza futura justifica acciones militares anticipadas. En términos jurídicos, esta estrategia se asemeja a una contramedida denominada represalia, invocada en precedentes como la Guerra de los Seis Días de Israel en 1967 o -implícitamente- en la fallida invasión estadounidense a Cuba en 1962. En el caso venezolano no existió ninguna amenaza concreta que justificara la fuerza.
Otro justificativo es la intervención humanitaria. La idea de liberar pueblos oprimidos fue invocada en casos extremos, como la intervención de la India en Pakistán en 1971 o las operaciones de la OTAN en Bosnia y Kosovo, en los 90. Este fundamento exige la demostración de una persecución sistemática y masiva por parte del Estado contra grupos específicos de su población. En Venezuela hay represión, autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y migraciones forzadas, pero los organismos internacionales no han respaldado aún, la idea de una masacre de la magnitud que esos precedentes muestran.
También se ha ensayado la idea de una intervención democratizadora, Este argumento fue planteado por Washington en la inmediata posguerra, a través de personeros (la famosa “doctrina Larreta”, presentada por Uruguay en 1945), repudiado entonces por la mayoría de los países americanos. El argumento se retomó contra Hugo Chávez y especialmente contra Maduro, intensificado tras el fraude electoral de 2024. Sin embargo, choca frontalmente con dos pilares del orden internacional: la igualdad soberana de los Estados y el principio de no intervención en los asuntos internos, ambos consagrados en el artículo 2 de la Carta de la ONU.
Más allá de la prisión y la lectura de cargos a Maduro y a su esposa Cilia Flores, la presidencia Trump violó el derecho internacional. El problema excede el caso venezolano. La arquitectura política y orgánica de las Naciones Unidas (a la hora de escribirse esta columna se espera su pronunciamiento) muestra agotamiento. La UE sigue “haciendo pucheros” sin plantarse de una vez y en serio.
Es urgente repensar objetivos y mecanismos. La existencia en la ONU de cinco Estados con derecho a veto permanente en el Consejo de Seguridad institucionaliza una jerarquía que contradice la idea misma de un orden jurídico universal. Ningún sistema normativo puede sostenerse si consagra, en su núcleo, la desigualdad estructural entre sus sujetos.
Todo orden jurídico, aún incipiente, y el actual sistema internacional lo es, si se lo considera desde 1945, requiere la subordinación de la fuerza a la norma. Pero la Casa Blanca actúa como si la vida internacional continuase sólo por el poder de fuego. Basta con leer la última Estrategia de Seguridad Nacional (noviembre de 2025) en la que ya anticipaba su predominio sobre América Latina, más cerca de los principios de Westfalia del siglo XVII que de los acuñados tras la Segunda Guerra Mundial.
La terrible experiencia de la Guerra del Golfo (que todavía no terminó), debería habernos dado, como mundo, como complejo de naciones, alguna lección.