La reunión mantenida este jueves en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras y el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno y el líder de ERC, por el que Cataluña tendrá 4.700 millones de euros adicionales para su financiación, han vuelto a poner en evidencia la estrategia sin fisuras que en la materia ha logrado mantener el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien durante trece años, entre 2009 y 2022, fuese presidente de la Xunta de Galicia. Y que se resume en una oposición total, con el acuerdo unánime de los trece presidentes autonómicos del Partido Popular (PP) -todos en comunidades que forman parte del régimen común, en el que no están el País Vasco y Navarra- a los planteamientos del Ejecutivo Central.
Feijóo y sus barones lo han podido decir más alto, pero no más claro: ni aceptan que se negocie bilateralmente con Cataluña, como creen que se ha hecho ahora con este encuentro que Junqueras desveló en la entrevista exclusiva del pasado fin de semana en EL PERIÓDICO, ni aceptan la quita de la deuda autonómica con la que Sánchez les viene tentando desde hace tiempo, la última en la Conferencia de Presidentes del pasado verano, celebrada precisamente en Barcelona. Una condonación que ascendería eventualmente casi a 90.000 millones de euros y cuyo rechazo para Sánchez es tan absurdo, según ha expresado recientemente el jefe del Ejecutivo, como si un particular rechazase que su banco le condonase la hipoteca.
Ni en la citada reunión en Barcelona ni en la de medio año antes en Santander, a finales de 2024, logró el Gobierno del PSOE y Sumar abrir grieta alguna entre los barones populares. Aunque en principio tendría que haberse celebrado la siguiente, comprometida para Asturias, a finales del año pasado, finalmente se hará en los próximos meses, dado que hubiera interferido en la campaña electoral de diciembre en Extremadura. Pese a los matices ideológicos entre ellos y a la obvia disimilitud de los territorios que gobiernan (la comunidad más poblada de España, Andalucía; tres de las más ricas, Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana; varias de las que sufren con mayor acento el problema de la despoblación y el envejecimiento de la población, como Aragón, Castilla y León y Galicia, etc.) la voz de los Juan Manuel Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco o Alfonso Rueda ha sido siempre unánime en esta materia.
Perdonar la hipoteca, o no
No quieren, por apurar la analogía de Sánchez, que se les perdone lo que les queda por pagar de hipoteca, porque consideran que aunque individualmente pudiera ser beneficioso no supondría hacer justicia entre unas administraciones y otras según su nivel de endeudamiento. Y porque creen, y en esto coinciden con algunos de sus homólogos del PSOE, singularmente el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que en realidad no habría quita o supresión alguna de la deuda, sino que esta cambiaría de manos, pasando de las administraciones autonómicas a la administración central.
Además de todo ello, y como es público y notorio desde que el presidente catalán, Salvador Illa, firmase en el verano de 2024 su acuerdo de investidura con ERC, el PP se opone furibundamente a cualquier tipo de acuerdo que suponga un cupo o concierto para Cataluña y a la posibilidad de que esta comunidad autónoma pueda recaudar el 100% de sus tributos, incluido el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF. Un extremo, este último, que queda aparcado tras el encuentro entre Sánchez y Junqueras, el primero entre ambos desde que el líder de ERC fuese indultado junto al resto de condenados por el procés en el año 2021.
En cualquier caso, y pese a que obviamente se trata de una negociación bilateral, lo pactado entre el presidente del Gobierno y el líder republicano no sería exclusivo para Cataluña, sino que podría ser generalizable al resto de comunidades autónomas. Y como todo lo que afecta a la financiación autonómica debe pasar por una votación en el Congreso de los Diputados en la que además no vale una mayoría simple, sino que tiene que ser absoluta, algo que el PSOE y ERC juntos están muy lejos de poder garantizar.
A la estrategia férrea del PP no es ajeno el calendario electoral más inmediato. No bien había puesto Junqueras un pie en las escalinatas de Moncloa este jueves cuando fuentes populares trasladaban ya la idea que en los próximos días, semanas y meses martillearán los dirigentes del primer partido de la oposición, la de que este acuerdo para Cataluña debe ser defendido, entre otras, por las candidatas socialistas a Aragón, que celebra elecciones el 8 de febrero, y Andalucía, que lo hará previsiblemente en junio. Es decir, y respectivamente, por la exministra y ex portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y nada menos que por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra y líder del PSOE andaluz dará este mismo viernes más detalles sobre el sistema de reparto entre comunidades (Junqueras le ha arrancado a Sánchez que se respete el principio de ordinalidad) y convocará para la semana que viene el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El PP lleva insistiendo toda la semana, como hizo su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, en una rueda de prensa el pasado miércoles, en que es allí, de manera multilateral y con luz y taquígrafos, donde debe discutirse de la financiación de todas las comunidades, y no en ningún otro lugar. Así las cosas, y superado ya el ecuador de la legislatura, no parece fácil que pueda alcanzarse una renovación del vigente sistema de financiación autonómica, que data de los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, quien abandonó el poder en 2011, y que lleva caducado más de una década. Y mucho menos que se haga con el concurso del PP y sus gobiernos autonómicos.
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