Un conjunto de feriantes le pedirá al fiscal Sergio Mola la detención del exsindicalista Walter Godoy y sus supuestos cómplices, Gonzalo y Jonatan Rojas, en el marco de una potencial estafa por cerca de cuarenta millones de pesos.
Se trata de más de treinta feriantes que vendían sus prendas en puestos ubicados en el playón de la cooperativa Ocean e iniciaron una demanda por estafa contra tres supuestos gestores, que se ofrecían a resolver un problema judicial a cambio de dinero.
Según ellos, la coima que pagaron tenía como destinataria a la fiscal María Cecilia Incardona, cuya declaración se espera desde noviembre pasado y, estiman, será definitoria para el futuro de los tres procesados. “Se aprovecharon de nosotros en una situación muy difícil. Jugaron con nuestra desesperación para quitarnos dinero. Somos gente de trabajo, no sabemos de trampas ni de estas cosas”, dijo uno de los denunciantes, que prefirió mantener en reserva su identidad. A la vez, denunció: “Entregamos el dinero en casa de Rojas, en la calle Mazzei de Longchamps”.
En paralelo con la causa por falsificación de marcas, lavado de activos y asociación ilícita contra los empresarios del complejo de tres ferias que compone La Salada, tramitan otras de menor volumen, pero que dan cuenta de la complejidad de ese universo.
FORMULAN DENUNCIA PENAL COLECTIVA
El expediente, al que tuvo acceso este medio, da cuenta de que más del 80 por ciento de quienes serían los damnificados son extranjeros, de nacionalidad boliviana, cuya vulnerabilidad se veía entonces subrayada por la desesperación de no tener dónde vender sus productos textiles. Al día de hoy, la interventora tampoco tomó decisión alguna respecto del reclamo de fondo por parte del juzgado y los puestos en litigio llevan ya un semestre cerrados.
Los puestos del playón eran unos cien en total, conocidos por su formato como “los canastos”. Como no había constancia formal de su existencia, y mucho menos registro de sus alquileres, los administradores de Ocean decidieron cerrarlos, en el breve período de tiempo entre la clausura de mayo pasado y la intervención de junio.
El objetivo de la decisión era evitar “empezar mal” con la interventora, Leticia Torres. Los puestos funcionando hubieran sido una confesión de parte, de un negocio estimado en 120 millones de pesos mensuales en efectivo. Esa decisión hizo que 60 de los 100 se buscaran la vida en otro lado, pero los otros 40 siguieron reclamando. El reclamo, cada vez más ruidoso, hizo que se fijara en ellos Walter Godoy, secretario general del SUTFRA hasta 2023, cuando perdió las elecciones con la actual conducción del gremio.
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Jonatan Rojas y Godoy, los apuntados por los feriantes.
Godoy les habría pedido que juntaran, primero, 25 mil dólares a cambio del permiso definitivo para seguir vendiendo en el playón, que se emitiría de inmediato, con la firma de ambos funcionarios judiciales. La propuesta generó una nueva división entre los feriantes y algunos se retiraron, de manera que los que aceptaron el acuerdo terminaron poniendo cerca de 800 dólares cada uno. Los feriantes, según consta en el expediente, habrían entregado el dinero en la casa de Rojas, tal como fue acordado.
Pero pasaban las semanas y la resolución no salía. Entonces Godoy, dicen, les pidió más dinero, siempre invocando el nombre de Incardona. Ahora sí, la respuesta feriante fue contratar a la abogada penalista Raquel Pérez Iglesias, quien de inmediato presentó una demanda por estafa, que recayó en la Fiscalía Nro. 1 de Lomas, a cargo del Dr. Sergio Mola. El juez es el propio Armella, que también tiene la causa principal contra La Salada.
Uno de los feriantes reconoció haber sido amenazado por un allegado a Rojas luego de presentada la denuncia. “Esta gente está dispuesta a matar por mucho menos de cuarenta palos”, dice que le advirtieron. El supuesto gestor judicial, Godoy, cumplió una condena por homicidio entre 2002 y 2017. Su supuesto cómplice, Rojas, tiene una condena de trece años en suspenso por secuestros extorsivos. Casación le rechazó la apelación y ahora le toca definir a la corte suprema.
Mola es también, desde 2019, fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal. Es decir, una persona que trabaja en estrecha colaboración con el procurador Eduardo Casal. También es, junto con su par Diego Luciani, quien sostuvo la acusación contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.