El aumento de las conductas autolesivas y la ideación suicida en los adolescentes es una realidad preocupante que ha obligado a desarrollar protocolos en distintos ámbitos. Hace un par de años, Andalucía puso en marcha un instrumento para prevenir el riesgo y establecer las pautas de actuación ante posibles casos en los centros educativos. La Junta de Andalucía no ofrece cifras sobre el número de protocolos abiertos desde noviembre de 2023, pero según los docentes, «sin ser una cifra llamativa o alarmante, cada vez detectamos más casos».
Puede que el motivo de esa detección sea precisamente que desde que se estableció el protocolo los profesores están más vigilantes a marcas que puedan indicar una autolesión o a cualquier otro indicio. Según el director del IES Maimónides, Rafael Rodríguez, un centro con más de 1.200 alumnos, desde que existe el protocolo se ha activado en distintas circunstancias. «A veces, ha sido el mismo alumno quien se ha dirigido al tutor, otras veces ha sido un profesor o la misma familia quien ha dado la voz de alarma y también hay casos en los que es un compañero quien nos comunica su sospecha».
Según su experiencia, «es un fenómeno creciente, que de momento se manifiesta en casos aislados». El protocolo escolar para la prevención de suicidios y conductas autolesivas activa una serie de pasos y uno de los primeros es contactar con la familia. «Nos encontramos de todo, hay familias que ya lo saben y nos dicen que el alumno o la alumna está en tratamiento psicológico por ese motivo y hay padres que no saben nada». También hay protocolos que se activan por una sospecha y se cierran tras descartar que haya algún riesgo autolesivo. En dichos protocolos, además de miembros de la comunidad educativa, «que actúan manteniendo la confidencialidad del alumno», interviene la inspección educativa, los servicios sanitarios y la familia, que establecen medidas provisionales y un proceso de seguimiento del caso.
La mayoría de los casos se dan en una fase de conducta autolesiva más que en intentos de suicidio, sobre todo, en las edades de 13 y 14 años, momento en el que se da el cambio más drástico de la adolescencia, «lo que les hace más vulnerables», valora Rodríguez, «y casi en la misma proporción entre chicos y chicas».
La presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Córdoba, Carmen Domingo, el principal papel de los centros educativos es el de «la vigilancia y el acompañamiento hasta que el caso se estabilice o el riesgo desaparezca». Según Domingo, la implicación de los docentes es muy importante «porque a veces, a las familias se les escapa porque no hablan del tema o lo ocultan, pero luego se abren con algún compañero de clase o son los profesores los que rascan si ven algo raro y se enteran».
Sobre las motivaciones, Rafael Rodríguez apunta que las autolesiones tienen que ver «con la regulación emocional, es una forma de liberar emociones o tensiones». Circunstancias como una ruptura, una situación de acoso o un problema familiar pueden provocar esta conducta, que a veces se realiza también por imitación. En su opinión, «a estas edades, se unen dos cosas, que todos pasan por una etapa de desarrollo convulsa y por otro, todo lo que conlleva las relaciones entre iguales o de pareja y la exposición tan grande que hay en las pantallas y redes sociales, que tienen un efecto multiplicador».
Entre las medidas a adoptar por los centros educativos, se contemplan actuaciones para reducir el dolor emocional y el sufrimiento y para incrementar el cuidado, la protección y la seguridad del alumnado implicado. No es su función estimar el nivel de riesgo de un caso, que será responsabilidad de especialistas, pero sí realizar una valoración inicial de la situación en la que se encuentra el alumno o alumna, para ayudar a tomar la decisión más adecuada y a planificar las actuaciones necesarias. De momento, los institutos no ofrecen charlas específicas sobre suicidio, pero sí desarrollan talleres sobre bienestar emocional dirigidos a mejorar la inteligencia emocional del alumnado a esas edades.