La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, pidió ayer a otras administraciones que aporten fondos y se sumen a las tareas de identificación de restos de víctimas del franquismo que aún están en fosas comunes para así poder descongestionar a la Universidad de Granada (UGR), con la que la Administración autonómica tiene un convenio para estas tareas.
En comisión parlamentaria, Del Pozo ha explicado que la Junta está exhumando «a muchísima velocidad. Llevamos más de 5.000 cuerpos en Andalucía y 7.000 identificaciones genéticas, y el 93% de las esas identificaciones las paga la Junta de Andalucía«. «Exhuman todas las administraciones pero la identificación la hacemos nosotros en Granada. Se evitaría el colapso del que ustedes hablan -en alusión a la oposición- si cada administración tuviera un convenio, aportara fondos y se buscaran otras alternativas que no recayeran sólo en Granada».
La parlamentaria socialista Isabel Ambrosio ha pedido al Gobierno de Juanma Moreno que «sea valiente». «Si no están cómodos con la Ley de Memoria Democrática, deróguenla, pero es una falta de respeto a las miles de familias que estaban esperando a que Andalucía cumpliera con esa Ley y que le pudieran devolver la dignidad, ya que no le van a poder devolver los años de dolor y sufrimiento».
Desde Vox, han insistido en que su formación «se opone a lo que consideramos una manipulación de la historia de España, y más concretamente de Andalucía«, ya han recordado que «hemos logrado derogar tres leyes de memoria», en referencia a Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. «Nosotros -ha replicado la consejera- nunca hemos estado de acuerdo con las leyes de parte en memoria democrática. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero eso no tiene que tener como consecuencia que no compartan algo que es de humanidad».