El Ministerio de Trabajo ha criticado la decisión de la patronal CEOE de no acudir a la reunión de este jueves para abordar la norma que pretende dar más voz a los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. El departamento liderado por Yolanda Díaz afirma que el plantón «carece de precedentes y demuestra la renuncia de la patronal española a ejercer de interlocutor social», según afirman fuentes consultadas del mismo.
La CEOE celebró este pasado lunes un comité ejecutivo extraordinario, tal como ya avanzó EL PERIÓDICO, en el que decidió borrarse de las negociaciones que pretendía iniciar el Ministerio de Trabajo este jueves. La entidad presidida por Antonio Garamendi ha tachado de «ataque populista» y propio de «regímenes autoritarios del pasado» los cambios que planteaba el Ejecutivo y mediante los que quería incentivar la participación de los trabajadores en los órganos de decisión de las empresas.
Trabajo replica que «es insólito que, sin conocer la propuesta, se nieguen a debatir sobre una cuestión habitual en la UE y que es, además, un mandato constitucional». Y agrega que «resulta más llamativo aun que esta decisión se produzca días después de que la patronal amenazara con recurrir ante organismos internacionales aduciendo la falta de diálogo social de este Gobierno».
Si bien hasta ahora en la CEOE se había impuesto la estrategia de ir a todas las mesas de negociación aunque fuera para decir que ‘no’ y no levantarse nunca de una mesa hasta que fuera Trabajo la que la diera por cerrada, los patronos han endurecido su postura. Se ha impuesto el ala más dura dentro de la CEOE, siendo que en el seno de la organización hay facciones partidarias de seguir proyectando una imagen de diálogo, aunque compartan el profundo rechazo con las reformas planteadas desde el Gobierno.
«Atentado contra la propiedad privada»
Los patronos consideran que la reforma para aumentar la «democracia en las empresas», tal como la ha bautizado Díaz, representa un «atentado» contra la libertad de empresa y un «desprecio a la negociación colectiva», ya que entienden que debe ser a través de dichas mesas donde los sindicatos deben articular sus demandas.
Las relaciones entre la vicepresidenta segunda y la CEOE se han ido deteriorando durante los últimos años. Alcanzaron su máximo nivel de entendimiento con la reforma laboral de 2021, cuando la patronal aceptó -no sin división interna- apoyar los cambios planteados por el Gobierno y en aras de evitar unas políticas más ambiciosas. Por ejemplo, la reforma de Díaz no tocó un elemento troncal de las relaciones laborales y que sí modificó la de Mariano Rajoy, de 2012, como es el despido.
A partir de ahí, las relaciones se fueron deteriorando. A los patronos no les sentó nada bien la modificación aprobada ‘de tapadillo’ por Trabajo en la que obligaba a los inspectores de Trabajo a emitir un informe sobre la legalidad de un expediente de regulación de empleo (ERE) antes de cerrar el mismo. Díaz articuló dicho cambio en una disposición adicional de la ley de empleo, la CEOE lo vio como una traición e interpretan que episodios similares han ido ocurriendo en negociaciones sucesivas.
«Lo más sorprendente es que Trabajo ponga sobre la mesa esta iniciativa después de llevar años planteando reformas de espaldas al Diálogo Social que, precisamente, amenazan con erosionar en profundidad la democracia en la empresa», recoge este martes el comunicado de la CEOE. Los negociadores de Díaz han criticado recientemente que la patronal acude a las mesas de diálogo social con estrategias dilatorias y que, más recientemente, se ha abonado a un ‘no a todo’ porque su presidente, Antonio Garamendi, «está en campaña electoral«, en palabras de la vicepresidenta. Está previsto que este noviembre, como tarde, la patronal celebre sus comicios, en los que el vaso aspiraría a revalidar por tercer mandato consecutivo la presidencia de la CEOE.
Diálogo social «tocado»
«El diálogo social está profundamente tocado», reconocía a finales de 2025 el ‘número 2’ de Díaz y secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras recibir el ‘no’ de los empresarios a ampliar los permisos por defunción de un familiar. Mientras que durante la pasada legislatura los acuerdos fueron habituales y dejaron normas como la de teletrabajo, la ‘ley Rider‘ o las sucesivas prórrogas de los ERTE covid, entre otros; la vigente ha sido un erial.
La patronal ha dicho ‘no’ a cada una de las iniciativas legislativas que el Ministerio ha llevado a las mesas de diálogo social compartidas con los sindicatos, con la única excepción de los protocolos para proteger en las empresas al colectivo LGTBI. El rechazo más destacado fue la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. Tras año y medio de negociaciones, Trabajo cerró la mesa sin acuerdo y enfiló un trámite parlamentario en el que fracasó, en septiembre de 2025. La patronal, con especial protagonismo de la catalana Foment del Treball, desplegó sus redes de influencia para frenar el acuerdo y finalmente Junts unió sus votos a PP y Vox e hicieron descarrilar la norma en el Congreso.
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