A un año de la marcha por el financiamiento universitario del 23 de abril de 2024, diputados de la oposición se unieron para reclamar que se garantice el presupuesto para las universidades en 2025 y presentaron una iniciativa similar a la que motivó el veto presidencial en octubre del año pasado.
Se trata de una movida, impulsada por Democracia para Siempre, a la que se sumaron desde la Coalición Cívica hasta el bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto.
Financiamiento universitario: la oposición propone nueva fórmula de actualización
La iniciativa lleva la firma de la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (CC), mediante la cual proponen la actualización trimestral del presupuesto para gastos de funcionamiento según inflación, dólar y tarifas.
«La decisión del Gobierno nacional de no aprobar el Presupuesto nacional para los ejercicios 2024 y 2025 y prorrogar el Presupuesto del año 2023 provocó en las universidades una grave crisis que afecta su funcionamiento diario, los salarios y la calidad educativa. Nuevamente, sin presupuesto aprobado para este año, las universidades se encuentran en la misma situación», advierte Tavela.
El proyecto incluye también la convocatoria a paritarias para mejoras salariales de docentes y no docentes y recuperar lo perdido en 2024 y la actualización de todas las becas estudiantiles según la inflación.
La intención de los diputados es insistir con dos aspectos: por un lado, «fortalecer el rol de la AGN en la transparencia del sistema universitario y por otro reformar el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, con el objetivo de que la distribución de los recursos se realice en función de criterios objetivos, a través de una fórmula polinómica y de manera pública y transparente».
Para Margarita Stolbizer (GEN), en tanto, «el proyecto tiene su razón de ser en la falta de discusión y aprobación del Presupuesto 2025. El PEN prorrogó el del año anterior para tener un manejo discrecional para la asignación de los recursos públicos. Por otro lado, ya ha dado muestras de la intención de desfinanciar al sistema educativo».
En declaraciones a iProfesional, Stolbizer precisó: «Con este proyecto buscamos desde el Congreso garantizar los recursos suficientes para el financiamiento y la sostenibilidad de todo el sistema universitario de manera permanente».
«Sin universidades no hay desarrollo científico, tecnológico, cultural ni social», sostuvo, por su parte, Tavela.
Ferraro, de la Coalición Cívica, aseguró que «destruir las universidades es destruir el futuro del país». Y añadió: «Su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa. No nos da lo mismo. Por eso impulsamos este proyecto, para garantizar su sostenimiento».
Entre sus puntos destacados establece que los fondos asignados a las actividades presupuestarias claves del sistema universitario se actualicen a partir del 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
También prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios con base en la inflación acumulada.
Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
¿Qué decía la ley que Javier Milei vetó?
En septiembre de 2024, y luego de dos masivas marchas de estudiantes, la oposición denominada dialoguista logró sancionar en el Congreso una ley que aumentaba los salarios por inflación de forma retroactiva a enero de 2024.
La ley actualizaba las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades nacionales y permitiría la recomposición salarial docente y no docente.
A pesar de que fue aprobada por amplio margen, la oposición no pudo evitar que semanas después el oficialismo junto al PRO se impusiera en el Congreso para avalar el veto presidencial, que finalmente impidió la implementación de ese financiamiento.
La respuesta del Gobierno
El veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario no tardó en llegar y el presidente repitió los mismos argumentos que venía sosteniendo antes de la sanción de la norma.
El hecho ya había sido anticipado a través de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X.
«El Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal«, adelantaron.
Sin embargo, la confirmación del veto se confirmó a través de un decreto, donde repitió más o menos los mismos argumentos. Afirmó que el proyecto «no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional».
Entre los considerandos del decreto sostenía que la eventual «aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)».
Según el mandatario, el impacto total del proyecto consistiría en un total de un billón quinientos dieciséis mil novecientos cuarenta y cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil sesenta pesos.
Asimismo, Milei sostuvo que se trataba de una norma «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
Semanas después y con el apoyo del conservador PRO, del expresidente Mauricio Macri, y otros sectores, el Gobierno logró blindar en el Congreso ese veto.
Ahora, casi a mitad de 2025, el arco opositor presiona nuevamente en el Congreso a Milei y arremete con una iniciativa similar que buscará debatir en los próximos meses, en un año marcado por las elecciones legislativas de octubre.