El informe de la UCO hecho público hace una semana ha desatado un verdadero tsunami de consecuencias aún imprevisibles al saberse, gracias a las grabaciones realizadas por Koldo García, de la implicación del ya exsecretario de organización del PSOE y exdiputado, Santos Cerdán, y la sospecha de que, en connivencia con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y del propio Koldo García, habrían urdido una trama corrupta para adjudicar fraudulentamente obra pública y cobrar comisiones ilegales. De momento el escándalo se ha llevado por delante al propio Cerdán, ha acelerado la expulsión de Ábalos del PSOE y ha provocado la dimisión de Ramón Jiménez, el número dos de los socialistas navarros al saberse que su pareja trabajaba en Servinabar, una empresa vinculada a Cerdán y a Koldo adjudicataria de obras públicas bajo investigación.
De la investigación se deduce que la cosa no acaba aquí: tratándose de adjudicaciones de obra pública, es evidente que las ramificaciones van más allá del partido y afectan al Gobierno. El magistrado del Tribunal Supremo encargado de la misma, Leopoldo Puente, ha solicitado a Adif y a la dirección general de Carreteras expedientes de obras presuntamente adjudicadas siguiendo las instrucciones de la trama y ha solicitado a la Audiencia Nacional que valore la imputación por indicios consistentes de la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrera, ambos por presuntas adjudicaciones irregulares a constructoras, razón por la cual también ha citado a declarar como imputados a cinco empresarios de las compañías adjudicatarias. Y además ha ordenado a la UCO entrar en la sede central del PSOE en la calle Ferraz y del Ministerio de Transportes con el objetivo de clonar los contenidos de los correos electrónico de Santos Cerdán, de quien también ha solicitado el análisis de sus cuentas y patrimonio, y de José Luis Ábalos, evidenciando que a pesar de los cortafuegos que se han intentado poner desde el PSOE la trama de presunta corrupción por pago de comisiones ilegales se cierne tanto sobre el partido como sobre el Gobierno.
Que en el corazón de la trama se sitúe Cerdán, persona de la máxima confianza de Sánchez y de la que el juez sospecha sería el responsable de diseñar los mecanismos de concesión irregular de obra pública, del cobro de las comisiones y del reparto de las mismas entre los diferentes partícipes, y que ello podría afectar a cargos del Gobierno, más allá de Ábalos, pone en una posición muy difícil al presidente del Gobierno. Este, sin embargo, sigue sin asumir responsabilidades políticas y se mantiene en el poder pese a saber con certeza que ya no dispone de la confianza de la mayoría parlamentaria que le invistió, aunque difícilmente, a excepción de CC y de UPN, nadie votaría a favor de una moción de censura del PP, que es a lo que ha emplazado Sánchez a hacer a Alberto Núñez Feijóo. En estas circunstancias, ni este Gobierno ni el PSOE pueden esperar que los votantes sigan viendo en ellos a la opción política que se hizo con el Gobierno gracias a una moción de censura motivada por la corrupción. Porque aunque no haya una sentencia firme como entonces, elementos no precisamente marginales del PSOE han actuado de una forma muy similar a lo que su llegada al Gobierno prometía conjurar. Por ello seguramente, y como revela la última encuesta de Gesop, cada vez son más los ciudadanos partidarios de un adelanto electoral.