La Cámara en lo Criminal y Correccional de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a Paulo Alejandro Arrieta a seis años y siete meses de prisión por diez hechos de violencia cometidos contra dos exparejas, en un contexto de violencia de género que incluyó agresiones físicas, psicológicas, económicas y digitales.
La sentencia fue dictada en un juicio abreviado por la vocal María de los Ángeles Palacio de Arato, luego de que el hombre confesara los hechos y las querellas particulares prestaran conformidad al acuerdo. Los delitos abarcan chantaje, extorsión, coacción, daño, lesiones leves, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad.
Según se acreditó, entre 2022 y 2023, Arrieta ejerció sobre ambas víctimas un patrón sistemático de violencia y manipulación. En uno de los casos, extorsionó a su expareja amenazándola con revelar su diagnóstico de VIH para obtener dinero destinado a comprar drogas. En otro episodio, intentó forzarla a consumir cocaína y la golpeó. También la encerró en su casa y le ocultó medicamentos esenciales para su salud.
En el caso de la segunda víctima, accedió sin permiso a material íntimo almacenado en su celular y la amenazó con divulgarlo si no cumplía con sus exigencias. Además, la vigilaba y controlaba mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, sumando amenazas físicas y digitales.
La jueza Palacio de Arato remarcó en la sentencia que la violencia digital constituye una extensión de las agresiones que las mujeres sufren en la vida cotidiana, y que su impacto afecta de manera directa la salud mental, la autonomía y la libertad de las víctimas.
Asimismo, el fallo reconoce la incorporación reciente en Argentina de la Ley Olimpia (27.736), que sanciona las conductas de violencia de género ejercidas a través de medios digitales.
Como medidas complementarias, la Justicia prohibió a Arrieta todo contacto y acercamiento a las víctimas, y recomendó al Servicio Penitenciario su incorporación a un tratamiento multidisciplinario que aborde tanto la violencia de género como su problemática de consumo de estupefacientes.
También se dispuso notificar la sentencia al Ministerio de la Mujer de Córdoba y otros organismos, en el marco del protocolo de asistencia integral a personas víctimas de violencia de género.