Menos de cuatro meses le bastó a Santiago Abascal para registrar en el Congreso su primera iniciativa contra la inmigración ilegal. Era septiembre de 2019 y Vox había irrumpido en la Cámara baja con 24 diputados en las elecciones celebradas en abril. Aquella legislatura -ante la incapacidad de investir a un presidente- hizo aguas 12 días después y aquel primer texto nunca se llegó a debatir. Sin embargo, fue el punto de inicio para Vox, que entonces reclamaba cumplir con las devoluciones en caliente y ahora exige que la Armada impida la llegada de nuevos migrantes y repatriaciones masivas.
«Que pregunten en los barrios, en los pueblos y a la nación si quieren inmigrantes ilegales en España», sentenció Abascal el pasado lunes en una rueda de prensa, presentando la última medida de su partido, referéndums para que la ciudadanía exponga su opinión sobre cómo afrontar el fenómeno migratorio. La iniciativa de Vox llega tras seis años en los que el partido de ultraderecha ha presentado más de una cincuentena de iniciativas en el Congreso contra la inmigración ilegal, ninguna de las cuales ha sido aprobada.
En aquella primera iniciativa de septiembre de 2019, -firmada por Abascal y quienes formaban entonces su núcleo duro: Javier Ortega Smith, Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros– Vox exigía que se cumpliera la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana en cuanto a las devoluciones en caliente, una práctica que permaneció largo tiempo en un limbo jurídico pero que el propio Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido que está amparada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal Constitucional.
Media decena de leyes
Desde esta primera iniciativa, Vox ha ido elevando sus propuestas. En noviembre de 2020, un año después, el partido de extrema derecha impulsó una proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería para endurecer las sanciones a aquellos extranjeros que cometieran infracciones y estos fueran expulsados de manera directa de España. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy ya modificó el Código Penal para que cualquier extranjero que fuera condenado a una pena de prisión de más de un año fuera expulsado del territorio nacional.
En los años siguientes, el partido de ultraderecha fue incrementando su labor parlamentaria, llegando a presentar otra media decena de normas para tratar de atajar la llegada de migrantes, muchas de ellas recortando los derechos que están recogidos en la actual legislación. Por un lado, plantearon modificaciones en la Ley de Asilo para que cualquier inmigrante tuviera que presentar «aun de forma indiciaria» que concurría en los requisitos exigidos para solicitar asilo si no quería ser expulsado durante el proceso.
Además, reclamaron cambios en la Ley de Extranjería para ampliar el tiempo máximo de 60 días que los inmigrantes pueden permanecer internados en centros de acogida a seis meses, prorrogables hasta un año. Otra de las iniciativas registradas en 2022, una de las pocas que se debatió y fue rechazada, proponía la reforma de la Ley de Régimen Local para impedir que las personas que estuvieran en España de forma ilegal pudieran inscribirse en el padrón municipal. Una medida que llevaría a cabo dos años después la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols.
Sin embargo, la más polémica de sus propuestas la presentaron en 2023 y volvieron a la carga hace un año, tras la ruptura de los gobiernos autonómico con el PP por el reparto de menores no acompañados. El partido de Abascal puso sobre la mesa la modificación de la Ley de Defensa Nacional para que las Fuerzas Armadas colaboren en el freno a la inmigración. El texto que plantearon pasaba por incluir entre las competencias de las Fuerzas Armadas el apoyo en la lucha «contra el terrorismo y la inmigración» ilegal. Sin embargo, ni la de 2023, ni la de 2024 llegó a debatirse.
La última subida de tono
Hace tan solo unos meses, y con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para legalizar a 500.000 extranjeros tramitándose en el Congreso, Vox registró su última proposición de ley contra la inmigración para restringir la regularización de inmigrantes mediante el mecanismo de arraigo. La formación de Abascal considera que se ha flexibilizado en exceso el uso del arraigo para que los extranjeros puedan regularizar su situación en España. La proposición de ley llegó apenas unas semanas antes de que Vox anunciara su intención de expulsar a millones de inmigrantes, todos aquellos que estén en situación irregular y los que teniendo papeles hayan cometido delitos o no se hayan integrado.
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