La muerte ha vuelto a extender su manto macabro sobre Colombia. Solo el jueves 21 de agosto se llevaron a cabo dos atentados, uno en el corazón de la ciudad de Cali y otro en Amalfi, Antioquia, a 400 kilómetros de distancia. En total perdieron la vida 18 personas y otras 76 resultaron heridas. El presidente Gustavo Petro reaccionó airado. Pidió que tanto las llamadas disidencias de las FARC y los grupos narcotraficantes sean declarados grupos «terroristas» y puedan ser perseguidos «en cualquier lugar del planeta». El tenor de los ataques volvió a corregir de manera negativa el balance sobre el ambicioso programa de la «paz total» que el primer presidente de izquierdas en la historia de ese país intenta dejar como legado de su gestión.
Un hilo delgado separa a las remanencias de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016 y a los narcotraficantes de algunas zonas del interior colombiano. A veces los roles se confunden y esa fue la razón por la cual el Gobierno no tuvo en principio claridad para atribuir las responsabilidades de los atentados perpetrados en las inmediaciones de una base aérea en Cali y el que derribó a un helicóptero policial en Antioquia. La presencia de las «disidencias» y del Clan del Golfo en donde cayó la aeronave hizo que ambas facciones fueran indistintamente acusadas.
Con el paso de las horas, la acusación se decantó hacia los exFARC. En un punto la diferencia es sutil. Para el Gobierno no solo se trata de facciones «criminales» sino que denomina a ambas «cárteles». Las «disidencias» y los narcos se baten a sangre y fuego en un mismo territorio que tratan de controlar. Lo hacen muchas veces ante la impotencia del Estado.
Cali sufrió el peor atentado perpetrado en Colombia desde 2019 cuando otra guerrilla, el ELN, mató a 23 cadetes de la Policía en la Escuela General Santander de Bogotá. Según Petro, la explosión en las inmediaciones de un cuartel fue una respuesta desesperada de las «disidencias» tras una derrota «intensa y profunda» de la columna que comanda Carlos Patiño en una zona rural a casi 1.000 kilómetros de la capital. Fuerzas militares descubrieron allí 250.000 municiones, cinco casas llenas de explosivos y 200 partes de fusil. Fue, según Petro «una victoria en el sitio donde hay más hoja de coca de todo el departamento del Cauca. La reacción es esta masacre».
A estas alturas, no hay para las autoridades ningún signo de confrontación política o ideológica con estas patrullas perdidas. Petro, un exguerrillero que abandonó las armas en los años 90, ha sido categórico: «Son bandas del narcotráfico actual, coordinadas internacionalmente con mafias mexicanas, albanesas e italianas». Lo que enfrenta el país «es un fenómeno criminal transnacional».
En agosto de 2022, Petro se propuso pacificar por completo el país. El adjetivo «total» dio cuenta del tamaño de un anhelo. El Gobierno no solo negoció con el ELN y con dos facciones minoritarias de las FARC, sino con los narcos del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otras bandas de menor peso. El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, reconoció que la distancia entre la «paz total» y sus resultados no ha sido la esperada. «El principal logro es generar procesos irreversibles. De tal manera que en lo que avancemos, en todos los 10 procesos que estamos desarrollando». Para Patiño, habrá que medir entonces el alcance más allá de la gestión de Petro, siempre y cuando el próximo Gobierno, sea del signo político que fuera, continúe la hoja de ruta. Pero los últimos acontecimientos no hicieron más que redoblar la crítica opositora y esos señalamientos aumentarán de cara a la campaña electoral de 2026.
«Otra consecuencia de la nefasta Paz Total que ha envalentonado al crimen organizado«, se quejó la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial por la derecha Claudia López. «Gobierne, apoye y lidere el combate de la fuerza pública contra los criminales en vez de estar haciendo campaña y ofreciéndole beneficios a las bandas de Medellín, al Clan del Golfo. a las disidencias, al ELN y a su socio Maduro«. Para el expresidente liberal César Gaviria, «resulta evidente que la llamada política de «paz total» del Gobierno ha fracasado en su propósito de reducir la violencia». Los grupos criminales «expanden su control territorial y utilizan nuevas tecnologías para atentar contra los colombianos».
La utilización de un dron para atacar al helicóptero policial volvió a poner en el centro del debate el problema de un mercado ilegal de armas que se trasiegan especialmente a través de la frontera venezolana. El número dos del madurismo, Diosdado Cabello, negó esa hipótesis. Dijo días atrás que la zona limítrofe con Colombia está «resguardada al extremo» por parte de las fuerzas policiales y militares venezolanas, y que «lamentablemente no podemos decir eso del lado colombiano.
Petro sintió una vez más el dilema de suavizar las relaciones con Caracas y sentir el desaire. «Es importante que Venezuela determine sacar los grupos de su territorio a fondo». Señaló además que «decenas de toneladas de cocaína han caído del lado venezolano y funcionarios públicos sobornados«. El señalamiento tiene lugar en momentos que Washington redobla su interés en asociar al presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico.
Los episodios en Cali y Antioquía provocaron sobresalto político y mediático, en especial el primero de los hechos por tratarse de una explosión en un centro urbano que tuvo además como víctimas fatales a seis civiles. Pero uno de los grandes dramas colombianos es el goteo permanente de una violencia que no ha podido ser detenida después de que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC decidieran poner fin a un conflicto armado de medio siglo.
Las cifras que recopila el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (IDEPAZ) son escalofriantes: en lo que va de 2025 han sido asesinados 102 líderes sociales o indígenas por fuerzas delictivas o paramilitares. También perdieron la vida 29 firmantes del acuerdo de paz de 2016. El año anterior cerró con 173 muertes de líderes sociales y 31 exguerrilleros. Números similares se encuentran en los años precedentes. Al ser hechos que tienen lugar muchas veces en remotos municipios no alcanzan dimensión nacional. La otra hipótesis es que, en un punto, la sociedad ha naturalizado esa serie ininterrumpida de desgracias.
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