El Gobierno espolea a la UCI (Unión Ciclista Internacional) para forzar la expulsión del equipo israelí en La Vuelta. Es más, se aboga porque todas las federaciones internacionales sigan la línea adoptada contra Rusia tras la invasión de Ucrania y excluyan a los equipos y representantes israelíes de las competiciones deportivas, incluidos los Juegos Olímpicos. “Seriamos partidarios que se adoptara la misma decisión que se adoptó con Rusia en 2022”, ha defendido sin medias tintas la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, durante una entrevista esta mañana en RNE.
“Después de La Vuelta viene la Euroliga y equipos importantes rusos como el CSK no van a poder participar”, ha puesto como ejemplo. Así se decidió por parte de los comités y federaciones internacionales, añadió para cuestionar acto seguido que “frente a esta masacre es difícil de explicar que haya dobles varas de medir”.
Ante el final de La Vuelta en Madrid, Alegría ha avanzado que el Gobierno tratará de hacer equilibrios para “velar por la seguridad de los ciclistas y el público”, para lo que se desplegará un importante dispositivo policial, y al mismo tiempo garantizar el derecho de manifestación.
Desde el Ejecutivo ya espolearon hace unos meses la extensión de este debate en el mundo del deporte, tras la polémica por la participación de Israel en el festival de Eurovisión. Con todo, siempre destacando que la competencia y la decisión recaeen las federaciones deportivas. Pese a la presión desde el plano político se admite que son estos organismos quienes “lo tienen que plantear”.
En el caso de los Juegos Olímpicos, el organismo responsable es el COI. “No se trata de impedir el deporte, y que se siga desarrollando, ni señalar a los deportistas”, explicó la titular de Deportes para recordar que en los Juegos Olímpicos los deportistas rusos participaron con bandera neutral y en la recepción de medallas no sonó el himno de su país.
Choque diplomático
En lo que compete al Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó este martes un paquete de medidas para redoblar la ofensiva contra Israel por el “genocidio” en Gaza y aumentar la ayuda al pueblo palestino. Entre ellas, un embargo «permanente» de armas a Israel y sanciones al Gobierno de Benjamín Netanyahu, con la prohibición para acceder a territorio español de personas relacionadas con el «genocidio» en la Franja.
Asimismo, el Gobierno cerrará el espacio aéreo para el transporte de material de defensa y el tránsito por puertos españoles para todos los buques que lleven combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. Concretamente, el espacio aéreo se restringirá “a todas aquellas aeronaves de Estado” que transporten material de defensa destinado a Israel susceptible de utilizarse contra la población palestina.
España prohibirá también la importación de productos de las colonias ilegales de Israel en territorio ocupado palestino, con el objetivo de “combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados”. En Cisjordania hay más de 700.000 colonos, y el gobierno ultranacionalista de Benjamín Netanyahu ha anunciado una expansión drástica del número de asentamientos.
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