La carrera formará a los futuros integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) dentro del ámbito universitario. Comenzará a dictarse en 2026 y marca un cambio de paradigma en la formación de las fuerzas de seguridad.
La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y el Ministerio Público Fiscal (MPF) firmaron un convenio para la creación de la Licenciatura en Seguridad Pública y Abordaje del Narcotráfico, la primera del país que formará a los futuros integrantes de una fuerza policial dentro del ámbito universitario.
La propuesta, que incluye una titulación intermedia de Técnico en Seguridad Pública y Abordaje del Narcomenudeo, estará dirigida en su primera cohorte a civiles seleccionados para integrar la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes comenzarán su formación en 2026.
El acuerdo fue suscripto por la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, el fiscal General Juan Manuel Delgado y el fiscal General Adjunto Héctor René David, como continuidad del trabajo conjunto iniciado este año a través del Trayecto Formativo en Abordaje del Narcotráfico, que culminó el 10 de agosto con la entrega de certificados a 79 agentes de distintas fuerzas de seguridad. La segunda cohorte de esa experiencia se encuentra actualmente en desarrollo y finalizará el 10 de diciembre.
“Es la primera vez que una fuerza de seguridad se forma dentro de una universidad. Este modelo marca un cambio de paradigma: los futuros agentes estudiarán junto a otros ciudadanos, combinando formación teórica con prácticas específicas en la base de la FPA”, destacó Oliva Cúneo.
La rectora explicó que la tecnicatura tendrá un enfoque en narcomenudeo, mientras que la licenciatura profundizará en narcotráfico, una orientación inédita en el sistema universitario argentino. Además, confirmó que la primera cohorte será exclusiva para la FPA, aunque “se evalúa abrir en el futuro una versión para otros perfiles civiles vinculados a la gestión pública o a la seguridad ciudadana”.
“Acompañamos el fortalecimiento de las herramientas del Estado para atender problemáticas sociales. Asumimos el compromiso de formar a las fuerzas de seguridad de la democracia con capacidad crítica, ética y respeto por los derechos humanos”, agregó la funcionaria.
Por su parte, el fiscal General Juan Manuel Delgado valoró la iniciativa al afirmar que “la ocupación territorial del narcotráfico es inversamente proporcional a la paz social” y destacó la “armonía institucional” que permitió concretar el proyecto. “Para nosotros esto es un salto de calidad. Este acuerdo no solo formaliza una voluntad, sino que consolida un nuevo modelo de formación pública”, expresó.
Del acto también participaron el jefe de la FPA, Camilo Lassaga; el secretario de Justicia, Leandro Goria; y autoridades de la UPC: el secretario Académico y de Posgrado, Jorge Jaimez; el coordinador del Programa UPC Federa, Juan Jiménez Grella; el secretario de Bienestar Estudiantil y Graduados, Enzo Valzacchi; y la secretaria General del IGTP, Liliana Nicolino.
Formación profesional, ética y científica
La nueva carrera será implementada por el Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP) de la UPC, en articulación con la Escuela de Formación y Capacitación de la FPA.
Asimismo, se conformará una Comisión de Seguimiento y Evaluación, integrada por representantes de ambas instituciones, que garantizará la calidad académica y curricular del proceso.
El convenio establece que la licenciatura deberá regirse por altos estándares de formación profesional, ética y científica, en línea con la Ley de Educación Superior, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las políticas provinciales de seguridad pública.
La iniciativa busca superar los modelos tradicionales de instrucción policial, promoviendo una formación crítica, integral y democrática, que contemple las dimensiones sociales, territoriales y culturales del narcotráfico.
Con esta propuesta inédita, la Universidad Provincial de Córdoba reafirma su compromiso de formar profesionales con pensamiento crítico y responsabilidad social, capaces de intervenir en los desafíos contemporáneos de la seguridad pública desde una perspectiva ciudadana y de derechos humanos.