Cada vez hay menos empleadas de hogar en Córdoba. O eso al menos arrojan los datos de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que indican que en enero de 2024 un total de 3.486 personas declaraban trabajar en este sector, mientras que para enero de 2025 ya eran 3.310, un 5% menos y una cifra que continúa cayendo, hasta las 3.199 del pasado mes de octubre, último con datos disponibles.
La precarización del sector es clave en estos datos, pero también lo es los últimos cambios en la legislación, que intentan equiparar por fin los derechos de estas trabajadoras con los del resto de la masa laboral española. Juan Martínez, secretario general del Sindicato de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba, atribuye la caída en el número de afiliadas al endurecimiento de la regulación y las sanciones porque «algunos empleadores ya se van pensando si pueden o no mantenerlo».
Hay que recordar que muchas trabajadoras eran dadas de alta por menos horas de las que finalmente tenían que trabajar. Sin embargo, el sindicato ve un efecto positivo a medio plazo: «Lo que queda, que quede en mejores condiciones. Aspiramos a empleo de calidad y tras el descenso, vendrá una estabilización que refleje la realidad del sector».
Un trabajo que «resiente la salud»
María Jesús Moral Sánchez tiene 50 años y lleva casi una década trabajando en el sector doméstico y de limpieza, aunque su formación es administrativa. Entró en este ámbito tras el cierre de la empresa donde trabajaba y su embarazo, lo que la obligó a reinventarse profesionalmente. Reconoce que el trabajo es muy físico y exigente, con riesgos habituales: «Estamos todo el día de pie, trabajando en lugares con escaleras y eso genera dolores y te resiente la salud», asegura y explica que sufre un espolón en el pie por el esfuerzo y ha tenido que recibir infiltraciones.
Está dada de alta y es fija discontinua, lo que le ha permitido cobrar el desempleo en verano, algo que considera «un paso gigantesco» en los derechos del colectivo, junto con la igualación del salario mínimo. Reconoce, asimismo, que muchas de sus compañeras no cuentan todavía con esos derechos, lo que hace que lleguen a la edad de jubilación sin una pensión.
En conjunto, su testimonio refleja la dureza física de un trabajo que sufre una precariedad estructural, pero también la mejora progresiva de los derechos laborales en un ámbito que sigue siendo uno de los más feminizados y menos reconocidos.
Informar de los peligros del trabajo
Las familias deben informar desde este viernes a su empleada del hogar de los peligros domésticos y riesgos del trabajo. Lo deben hacer a través de un formulario disponible en el portal prevención10.es y responder a un cuestionario sobre las características del hogar, lo que suele hacer la empleada y arroja al final los potenciales riesgos del trabajo y las medidas preventivas a aplicar. UGT Córdoba considera que la obligación de informar a las empleadas del hogar sobre los riesgos domésticos es un avance necesario para dignificar el sector y equipararlo con el resto de los trabajadores. La medida «viene a extender a las empleadas de hogar los mismos derechos laborales que al resto de sectores», y supone «un paso más hacia la igualdad en cotizaciones, desempleo, prestaciones y prevención de riesgos», afirma Martínez.
La norma no exige grandes cambios para las familias que ya cumplen, según el sindicato, «el que cumple simplemente va a poner un impreso más». El objetivo es «tener un mínimo de responsabilidad y conocimiento de los riesgos que supone este trabajo», como puede ser trabajar en altura, escaleras o el uso de productos químicos. Lo importante, según el sindicato, es formar también a las trabajadoras para que conozcan esos riesgos y cómo actuar.
La economía sumergida
El gran problema del sector, sin embargo, es la economía sumergida. UGT advierte que esta nueva norma será ineficaz si no se combate la contratación irregular. «El problema son los que no cumplen con dar de alta. Si no cumplen con eso, lo que menos les importa son los riesgos laborales», expresa Martínez. Reclaman más recursos y personal para la Inspección de Trabajo, porque «su capacidad es insuficiente para cubrir la cantidad de fraude que existe» y denuncian que «de cada situación que conocemos hay diez que no se conocen y no se señalan».
El sindicato recuerda que el trabajo doméstico sigue siendo feminizado y precario, y que muchas trabajadoras «no tienen más remedio que aceptar condiciones indignas por necesidad«, asegura Martínez. «Hay infinidad de familias que se tienen que conformar con un empleador que no les da sus derechos, ni cotiza ni les da vacaciones» afirma y también señala que no solo las personas migrantes sufren esta precariedad: «Hay más nacionales que foráneas. La verdadera necesidad hace tragar con eso», lamenta.
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