El acuerdo «histórico» firmado entre la Junta y todos los sindicatos para mejorar las condiciones laborales del personal de la Administración General, de Justicia y de los entes públicos de la Administración autonómica entrará en vigor el próximo 1 de enero. Así lo ratificó ayer el Consejo de Gobierno y así lo recogen los nuevos presupuestos de la Junta que reservan la partida de 50 millones de euros necesaria para la primera anualidad de las cinco pactadas.
El acuerdo mejora las condiciones salariales de la plantilla a través de un nuevo modelo de complementos retributivos. En algunos casos, como el complemento de desempeño simplemente sustituyen a otras figuras como la productividad ya existentes sin que suponga cambio alguno. Pero se crean dos figuras que se implantan a lo largo de los cinco años y que suponen un incremento de las nóminas: el nuevo complemento de carrera con cuantía de entre 300 y 1.300 euros y el complemento de evaluación del desempeño.
En ambos casos, tal y como se pactó, los funcionarios tendrán derecho a cobrarlo a partir del 1 de enero. Pero no será de forma automática. Cada uno de ellos tendrá que remitir una solicitud acorde con su situación profesional que deberá ser revisada y validada, un proceso que se prolongará durante «dos o tres meses». Cuando concluya se aplicará con efectos retroactivos desde el inicio del año. Lo mismo ocurrirá con el complemento de desempeño aunque en este caso el proceso arrancará inicialmente por la Consejería de Justicia y luego se ampliará.
El plazo para que se puedan formalizar las solicitudes no están aún definidos. Depende de la tramitación de los decretos que se tienen que impulsar con base en el acuerdo ya ratificado por el Consejo de Gobierno. Para facilitarlo, el área de Función Pública trabaja en un modelo único que pueda ser repartido entre los trabajadores afectados. De esta forma se agilizarían tanto las solicitudes como las revisiones.
Esta medida afecta a los 70.000 funcionarios y personal laboral que conforman la plantilla de la Administración General, la Consejería de Justicia y todas las empresas y entes públicos como puedan ser AVRA o la Agencia de Dependencia. No entran, sin embargo, ni el Servicio Andaluz de Salud ni Educación que concentran la mayor parte de la plantilla autonómica pero se rigen por su propio sistema de retribuciones.
Pacto con los sindicatos
El consejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Nieto, incidió en que el acuerdo para el desarrollo de la Ley de Función Pública pactado con los sindicatos tienen un carácter «histórico» y responde a una reivindicación de la plantilla generando además estabilidad durante los cinco años de programación plurianual.
«Es un punto de inflexión para la transformación de la Junta de Andalucía. Impulsa la implantación real de la carrera profesional y del sistema de evaluación del desempeño y moderniza en profundidad el sistema retributivo», detalló Nieto quien destacó además que supone un impulso al plan de estabilización de la plantilla con el objetivo de situar la temporalidad en el 5%, para la mejora de la calidad del servicio y para la modernización de la administración autonómica.
El acuerdo, firmado por todos los sindicatos, tiene un coste económico para la Junta de 250 millones distribuidos en cinco anualidades, a cincuenta millones cada año.