El gran apagón del pasado 28 de abril, que paralizó España durante horas, ha desatado un ‘todos contra todos’ entre los grandes actores del sistema eléctrico en busca de culpables. La depuración de responsabilidades, aún lejos de resolverse, anticipa una larga batalla en los tribunales. Pero el frente judicial en torno al histórico colapso eléctrico ya se activó a las primeras de cambio y en él ya empieza a haber movimientos.
Iberdrola, la mayor eléctrica española, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo el 30 de mayo -solo un mes después del apagón- para anular la investigación del Gobierno sobre el incidente. La compañía argumentó que la creación del comité de análisis del Ejecutivo para la investigación de la desconexión eléctrica masiva carecía de cobertura legal y, por tanto, tampoco tendría validez el informe resultante de las indagaciones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechaza encargarse del recurso de Iberdrola, se lava las manos al considerar que no es competente, y remite el caso a la Audiencia Nacional para que se encargue de analizar la legalidad de la creación del comité de análisis del Gobierno y el resultado de su investigación, según un reciente auto del Alto Tribunal al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Iberdrola argumentaba en su recurso que el comité del Gobierno no contaba con el respaldo legal y cobertura jurídica necesarios para las tareas de investigación del apagón, subrayando que fue creado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) sin que el presidente del Ejecutivo declarara la “existencia de una situación de interés para la Seguridad Nacional”.
Si el acto de creación del comité correspondía a Seguridad Nacional, dependiente de Moncloa, el recurso debería estudiarlo el Tribunal Supremo según la legislación vigente, defendía Iberdrola. Un argumento que fue respaldado por otras compañías energéticas (como Moeve o Bruc Energía) en sus alegaciones ante el Tribunal, y también fue defendido incluso por la propia Fiscalía.
La Abogacía del Estado alegó que el Supremo no era el órgano competente para estudiar el asunto, porque fue el Ministerio para la Transición Ecológica el que creó el comité y, por tanto, en todo caso el asunto debía ser estudiado por la Audiencia Nacional. Y así lo ha entendido el propio Alto Tribunal, que no entra en el fondo del asunto sobre la propia legalidad de la investigación del Gobierno.
El Tribunal Supremo establece que la creación del comité de análisis, aunque instada por el Consejo de Seguridad Nacional, debe atribuirse a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Y, por ello, declara su falta de competencia para analizar el recurso de Iberdrola España, establece la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y, por ello, le remite el caso.
La batalla legal que viene
El gran apagón ha activado una batalla de señalamientos y autoexculpaciones entre los grandes actores del sistema eléctrico para determinar quién o quiénes fueron los culpables del colapso. Poder depurar responsabilidades conllevará establecer quién acaba haciéndose cargo de potenciales indemnizaciones multimillonarias para compensar las pérdidas provocadas por el apagón y también de posibles sanciones si se determina que hubo infracciones de las obligaciones de las compañías. Una pugna anticipa una batalla en los tribunales que previsiblemente durará años.
El Gobierno hizo pública el pasado junio una primera autopsia completa del gran apagón, como resultado de las indagaciones del comité de análisis cuya legalidad algunas energéticas pone en cuestión. Se trató de un informe con un relato detallado de lo que sucedió antes, durante y después del histórico colapso energético del 28 de abril. Un análisis completo de lo que falló aquel día, en el que se concluye que hubo una combinación de factores que derivaron en el cero eléctrico y que las causas fueron múltiples.
Múltiples factores antes del apagón
El Ejecutivo detectó varios fallos, algunos que pueden ser responsabilidad de Red Eléctrica y otros que pueden ser de las grandes eléctricas, pero sin determinar quién es culpable. El Ministerio de Transición Ecológica ha anticipado de manera informal que “con toda probabilidad” las causas del ‘cero eléctrico’ fueron una mezcla de ambas actuaciones y responsabilidades. Una inconcreción que el Gobierno justifica porque será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los propios tribunales los que deben depurar culpabilidades, pero que ya ha provocado que haya una lucha entre Red Eléctrica y las compañías energéticas para responsabilizarse mutuamente del colapso.
Según el comité de análisis del Gobierno, el gran apagón fue la consecuencia de un fenómeno de exceso de tensión en el sistema eléctrico que acabó derivando en una reacción en cadena, a la postre imparable, en que fueron desconectándose plantas de producción eléctrica hasta el colapso total. La cuestión es por qué se produjo ese exceso de tensión y por qué no funcionaron los mecanismos para atajarlo. El Gobierno confirma que el sistema eléctrico no disponía en el momento del apagón de suficiente capacidad de control de la tensión, y habla en su informe de una combinación de factores sin aclarar cuál fue el determinante.
Por un lado, el análisis gubernamental apunta que Red Eléctrica pudo hacer una “mala planificación” del sistema eléctrico por no poner a funcionar suficientes centrales de gas para controlar la tensión, por no sustituir a una planta térmica que se declaró indisponible hasta que fue demasiado tarde, y porque algunas de las medidas que tomó para controlar oscilaciones en el sistema también provocaban como contrapartidas subidas de tensión.
Y, por otro, la investigación del Ejecutivo también concluyó que las empresas eléctricas propietarias de las nueve centrales a las que REE les obligó a estar disponibles ese día incumplieron su obligación legal y no participaron correctamente en el control de la tensión de la red; algunas plantas de producción de electricidad (también operadas por compañías energéticas) aparentemente se desconectaron incorrectamente cuando la tensión del sistema aún estaba dentro de los rangos contemplados en la normativa; y el origen de los problemas pudieron provenir de las oscilaciones provocadas por una gran planta fotovoltaica en Badajoz cuyos sistemas no habrían funcionado de manera correcta.
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