Buenos Aires. El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz se refirió ayer a las obligaciones éticas y los límites institucionales que rigen al máximo tribunal del país. A través de un comunicado, el magistrado estableció que la función de juzgar no debe confundirse con la persecución de objetivos políticos o agendas temáticas predeterminadas.
A través de un comunicado, Rosenkrantz sostuvo que concebir su trabajo como una tarea que tiene “la mira puesta en los casos de corrupción” resulta una premisa equivocada que “no representa en modo alguno la manera en que concibo mi labor jurisdiccional”.
En su exposición, destinada a responder a afirmaciones que se hicieron en un artículo publicado este domingo en un matutino, el magistrado hizo hincapié en la neutralidad como el eje rector de su desempeño. Dijo que para él, actuar con preferencias o enconos hacia figuras públicas destruiría la esencia misma del sistema legal.
Al respecto, Rosenkrantz utilizó una definición contundente para ilustrar su postura frente a la sociedad: “El deber de imparcialidad, la virtud institucional cardinal de la judicatura, impide que me conduzca en los términos consignados”, en referencia a lo expresado en la publicación. De este modo, explicó que no es tarea de los miembros de la Corte impulsar procesos por voluntad propia ni acelerar expedientes de alto perfil mediático, como la causa “Cuadernos”, basándose en intereses ajenos a la ley.
Otro punto central del comunicado giró en torno a los tiempos procesales. Rosenkrantz aclaró que el tribunal supremo no posee la facultad discrecional de “encaminar los juicios contra Cristina” Kirchner ni de decidir arbitrariamente cuándo se mueven esos expedientes en la etapa presente.
Detalló que el avance de esos litigios “depende, en el estado actual en que se encuentran, únicamente de las decisiones de los jueces de grado competentes y de los tribunales superiores que sobre ellos ejercen la superintendencia”.