La inauguración del edificio Plaza de la Constitución de Córdoba ha servido para escenificar de forma educada la confrontación existente entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en vísperas de la reunión del Consejo Fiscal y Financiero que reunirá este miércoles a las comunidades y a la ministra María Jesús Montero, ha aprovechado para expresar su rechazo a la propuesta negociada con Junqueras asegurando que mantendrá «la infrafinanciación de Andalucía, con una pérdida anual de 1.528 millones de euros respecto a la media». Carolina España ha reclamado «un modelo negociado con transparencia, respeto institucional y participación de todas las comunidades autónomas». Según sus declaraciones, este modelo «del que solo conocemos lo que ha salido en prensa», está basado en la ordinalidad, lo que «favorece a las comunidades con mayor renta y amplía la brecha entre territorios, en contra —según defendió— de los principios de igualdad recogidos en la Constitución».
La consejera ha insistido en que aún no disponen de las simulaciones ni los datos completos del sistema, pero la información publicada apunta a una “línea general” que no comparten, al plantear más recursos para las comunidades más ricas. “No tiene sentido que quienes ya cuentan con mayor renta y mejores servicios públicos reciban todavía más”, ha argumentado, comparándolo con un escenario en el que barrios con mayor nivel económico dispusieran de mejores hospitales o espacios públicos que los más humildes.
Sobre los impuestos
Otra de las “líneas rojas” señaladas es la posible limitación de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. La Junta defendió su capacidad constitucional para subir o bajar determinados impuestos y advirtió de que la denominada armonización fiscal podría traducirse en una subida generalizada de impuestos. En este sentido, mostró su oposición a revertir las rebajas fiscales aprobadas en Andalucía, especialmente la reducción del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, al considerar que obligaría a los ciudadanos a pagar por heredar la vivienda de familiares directos. Finalmente, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice servicios públicos de calidad en todo el territorio, “vivan donde vivan los ciudadanos”, apelando al consenso político y a la lealtad institucional.
Pedro Fernández, durante su intervención en la inauguración del edificio Plaza de la Constitución. / AJ González
Respuesta del delegado del Gobierno
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández ha defendido la apuesta del Gobierno de España por la cogobernanza, recordando «el incremento en un 47% de recursos ordinarios transferidos a las comunidades autónomas en los últimos años y la aportación de fondos extraordinarios del Plan de Recuperación, del que Andalucía gestiona directamente más de 4.300 millones de euros». Fernández ha recordado que Andalucía ha recibido estos fondos «en un claro gesto de confianza y respeto máximo del Gobierno de España al estado autonómico». En este contexto, situó el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP), que en Andalucía moviliza más de 75 millones de euros, ampliados hasta 175 millones al incorporar fondos destinados a ayuntamientos y entidades locales para la ejecución de 23 actuaciones». En lo que se refiere a la provincia de Córdoba, el delegado ha explicado que la inversión del PIREP supera los 21,5 M€ “en distintas actuaciones que ya están mejorando infraestructuras públicas clave, como este mismo edificio, que ha contado con una inversión estatal de más de 9 M€, la sede judicial de Montilla, con más de 800.000 €), o Medina Azahara, a la que ha destinado 1,6 millones de euros.
Por último, sobre al modelo de financiación, ha recalcado que «el compromiso del Gobierno de España es mejorar sustancialmente y plantear un modelo de financiación que precisamente tiene a Andalucía como la comunidad autónoma más beneficiada, con una participación de esos 21.000 millones de euros que se ponen encima de la mesa y que mañana será objeto de aplicación formalizada a los consejeros y consejeras de Hacienda». Así, ha insistido en que «un 23% de esa cantidad adicional que se pone a disposición sería para Andalucía, por encima de su peso poblacional, lo que supone una cuantía de 4.250 millones de euros, una cantidad que supera las expectativas». En su opinión, «se trata de amoldar el sistema de financiación para garantizar que los servicios públicos sean de calidad».