El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha emitido un auto de apertura de diligencias para investigar presuntas irregularidades en la contratación pública del SAS en la provincia en los años 2020 y 2021. En el foco está la gestión de Valle García Sánchez, actual gerente del Servicio Andaluz de Salud y por entonces gerente de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba–Hospital Universitario Reina Sofía, y los contratos menores y de emergencia y sus prórrogas firmados en los ejercicios referidos tras la pandemia causada por la Covid-19.
La causa tiene su origen en una querella presentada por el PSOE por presuntas irregularidades en la firma de estos contratos. El auto de incoación de diligencias, fechado el pasado 11 de enero y al que ha tenido acceso este periódico, aprecia «indicios suficientes» para investigar posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad documental.
Aunque se descarta la existencia de indicios de los delitos de malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal en este momento procesal, la imputación de los mismos se hace depender «de la evolución de las actuaciones».
Por el momento, ni Valle García Sánchez, ni ninguna otra persona, está investigada en esta causa. El auto pide que se le comunique formalmente la existencia del procedimiento en su condición de gerente de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital y pospone su declaración para una fase posterior de la instrucción. El propio Servicio Andaluz de Salud también ha sido informado al respecto de la apertura de diligencias, aunque el caso está en una fase muy embrionaria.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, que por el momento ha preferido no entrar a valorar el auto judicial.
La tercera investigación judicial al SAS
La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel García Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega, están siendo investigados en otra causa en Sevilla. En ella se investiga un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de 242 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 13 (ahora Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 13), es el instructor tras otra querella del PSOE por presuntas irregularidades en los contratos sanitarios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud tras la pandemia.
Los tres declararon en el juzgado el pasado 25 de noviembre. A las preguntas formuladas por el juez, José Antonio Gómez, la Fiscalía Anticorrupción y el abogado de la defensa sostuvieron que sus decisiones se sustentaban en los informes de los funcionarios, informó una fuente que siguió la declaración.
Cabe recordar que en Cádiz hay otra investigación abierta contra el SAS. En la misma se investigan presuntos contratos irregulares por valor de 235 millones de euros tras una denuncia de Podemos.
Rechazados muchos expedientes
El PSOE basa esta querella en los informes de la Intervención Provincial del SAS de Córdoba fechados en 2023 y 2024. En ellos detectan distintas anomalías en la tramitación de contratos menores, contratos de emergencias y las prórrogas de los mismos. En total, señalan 573 expedientes; 334 de 2020 y 239 de 2021.
El titular de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Córdoba (antiguo Juzgado de Instrucción 4) rechaza no obstante investigar todos los contratos firmados en 2020 y 2021. «Que los fraccionamientos generalizados o injustificados o el abuso en el empleo del trámite de la contratación de urgencia puedan enmascarar actuaciones delictivas, y más a la vista del sentido del informe emitido por órganos fiscalizadores del Servicio Andaluz de Salud, es una circunstancia que no puede descartarse de forma preliminar, obviamente», destaca el auto. Sin embargo, «lo que no podrá admitirse en modo alguno, ya desde este momento procesal, es a la pretensión de fiscalización en sede criminal de todos los expedientes de contratación de los años 2020 y 2021, así como del resto de expedientes tramitados hasta el día de la fecha».
El juez ha solicitado además que la Intervención Provincial del SAS en Córdoba envíe los informes emitidos para cada uno de los expedientes relacionados en la resolución como objeto de investigación, así como las alegaciones o justificaciones que se hubieran presentado durante su tramitación.
El auto rechaza, por el momento, la declaración de la interventora al considerarla «innecesaria»: «Toda vez que la aportación de información que la misma pudiera facilitar consta suficientemente detallada en los informes emitidos». También se descarta la investigación policial, ya que no existen indicios de «connivencias para el cobro de comisiones o confabulaciones para favorecer de forma manifiestamente ilícita a contratistas concreto», tal y como se había solicitado.
El auto pide al Servicio Jurídico del SAS un informe con información esencial «para la debida ponderación de existencia de adecuadas cautelas en la tramitación de los expedientes de contratación objeto de investigación». Entre otras, se le solicita que determine quién podía tramitar los expedientes, emitir informes o controlar su regularidad administrativa, «posibles responsables criminales, de existir», normativa relacionada con la tramitación de expedientes de contratación aplicables en los ejercicios referidos o los criterios de selección de posibles licitadores.