La constitución este martes de la Asamblea de Extremadura evidenció que no hay un gran acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Vox, pues apenas los populares concedieron a la extrema derecha un puesto en la Mesa, y menor, una secretaría. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lo describió como un gesto de «generosidad», en un órgano de gobierno de la cámara autonómica en el que no falta ni una sola de las fuerzas políticas que obtuvieron representación el pasado 21 de diciembre, en un parlamento autonómico cuatripartito, con las dos fuerzas en el bloque de la derecha y las dos del de la izquierda, el PSOE y Juntos por Extremadura, la candidatura de Podemos. Un término muy distinto, y más crudamente coloquial, empleó el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que habló de «migajas».
No fue lo ocurrido, desde luego, el principio de una gran amistad política, aunque nadie puede ni se atreve a descartar que todo se reconduzca y Guardiola pueda revalidar su cargo en una investidura que, tal y como permiten los plazos reglamentarios, podría celebrarse después de las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero.
A nadie se le escapa que la circunstancia de la campaña aragonesa, con paralelismos muy evidentes con la situación extremeña -un presidente del PP, en este caso Jorge Azcón, que adelanta elecciones al no lograr sacar adelante los presupuestos y que, como Guardiola, mantiene una particular mala relación con el líder de Vox, Santiago Abascal– ha frenado la negociación, pero a ello tampoco es ajeno el discurrir de la misma, en la que las dos partes reconocen dificultades.
Todo parte de dos órdagos cruzados entre Guardiola y Abascal que parecen haber empedrado el camino. Aunque ninguno lo ve como tal. La líder del PP extremeño lanzó una oferta, según explican fuentes de la negociación, «integral» para que el acuerdo tuviera una parte en el legislativo, otra en el ejecutivo y otra meramente programática. La primera ya está malbaratada tras la constitución de la Asamblea extremeña, pero las otras dos, aseguran las mismas fuentes viendo el vaso medio lleno, son posibles aún.
Igualmente, los populares niegan que no se hayan abordado las materias programáticas y que no se haya hablado con números en la mesa, después de que el lunes, en medio de un fuerte y soterrado cruce de acusaciones, Vox dejase claro que no habría acuerdo si no se dotaba económicamente con suficiencia las eventuales áreas del Gobierno extremeño que ocuparían. «Las políticas también se están negociando, con medidas, conjuntos de medidas que puedan llevarse a cabo dentro de la Junta, con presupuesto para hacerlo. Hemos hablado de ello en esta negociación, que haya una estabilidad financiera acordada», señalan desde el PP.
«Aprendimos la lección»
La percepción en las filas de Vox es bien distinta. Allí se recela de pasadas negociaciones, anteriores a que en el verano de 2024 Abascal rompiese unilateralmente los gobiernos de coalición que por entonces mantenían ambas formaciones. Especialmente de la primera, en Castilla y León en el año 2022, de la que salió como vicepresidente de la Junta Juan García Gallardo, hoy fuera de la política e integrante del sector crítico con Abascal, no muy nutrido pero con nombres significativos, como el del ex secretario general, Javier Ortega Smith, o el ex portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros. «Allí aprendimos la lección, si no tienes recursos para impulsar tus políticas, especialmente las que más nos interesan, no sirve de nada», explican fuentes del partido.
Si las exigencias u órdagos cruzados, y si las peticiones de Vox al PP o los ofrecimientos de los populares a los de Abascal son una mera cortina de humo para justificar un naufragio total de las negociaciones, que podrían llevar en última instancia a una repetición electoral, solo las dos partes lo saben. Ambas han recorrido esta semana, cuando ni siquiera se ha cumplido la mitad de la misma, el largo trecho que va de dar por finiquitadas las conversaciones a mantenerlas dialécticamente con vida. El PP extremeño llegó a emitir un comunicado oficial el pasado lunes lamentando que Vox hubiera roto «unilateralmente» las negociaciones, y desde Vox se ha negado que eso sea así.
Como ocurrió en 2023, lo que acontezca en Extremadura y en otras comunidades (tras Aragón llegarán en marzo las elecciones en Castilla y León, y luego en Andalucía) podría marcar el devenir de la batalla por las elecciones generales, aunque en principio la intención de Pedro Sánchez es agotar la legislatura y llegar a 2027. En la derecha y sus órbitas intelectuales hay versiones para todos los gustos. Desde quienes insisten en que el pronto acuerdo al que llegó el hoy ex presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, con Vox, afectó fatalmente a las expectativas de Alberto Núñez Feijóo, frente a quienes sostienen, en cambio, que los vaivenes de Guardiola en aquella ocasión -que pasó de negar a Vox a aceptarle en su primer gobierno- fueron mucho más perniciosos y decisivos para el fiasco del 23 de julio, cuando se celebraron los comicios que permitieron al presidente del Gobierno seguir en su cargo.
En la Comunidad Valenciana gobierna ahora Juan Francisco Pérez Llorca en solitario, pero con unos presupuestos pactados hasta el extremo con Vox, aceptando muchos de sus postulados en cuestiones clave como inmigración o denuncia del pacto verde europeo. Y paradójicamente Guardiola, la baronesa popular más antagónica y enfrentada a Abascal, ha ofrecido esta vez a las claras gobernar con la extrema derecha. Algo que esta semana queda más en el aire que nunca.
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