Zharik Daniela Buitrago Ortiz, de nacionalidad colombiana, se encontraba detenida en una instalación migratoria del estado de Luisiana cuando fue trasladada primero a Atlanta, Georgia, y luego deportada en un vuelo comercial hacia Colombia. El procedimiento se realizó mientras su defensa impulsaba acciones judiciales para detener la expulsión debido a su estado de salud y a su avanzado embarazo.
Buitrago Ortiz cursaba la semana 32 de gestación y, según sus representantes legales, presentaba dolores persistentes en la zona abdominal y lumbar. Estos síntomas motivaron una solicitud urgente para que se suspendiera el traslado aéreo y se le brindara atención médica adecuada mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La defensa presentó una serie de recursos ante tribunales federales. Entre ellos, se incluyó una petición de habeas corpus, en la que se alegaba que la mujer se encontraba en una situación de emergencia médica y que no recibió los cuidados necesarios durante su detención. El escrito, obtenido por CNN, sostenía que el traslado aéreo representaba un peligro tanto para ella como para el feto.
Una jueza federal del distrito de Georgia, Sarah Geraghty, revisó la presentación y resolvió emitir una orden de restricción temporal. La medida prohibía la deportación de Buitrago Ortiz hasta el 30 de enero de 2026 y ordenaba que se le garantizara atención médica adecuada mientras permaneciera bajo custodia del ICE.
“La orden del juez demuestra que el gobierno no puede negar atención médica a las mujeres embarazadas con problemas médicos que se encuentran bajo su custodia”, detalló el Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, que representa a la joven, en un comunicado difundido en las redes sociales.
Sin embargo, la resolución fue firmada varias horas después de que el avión partió rumbo a Colombia. “Desafortunadamente, (la orden) llegó demasiado tarde para detener su expulsión”, agregó la organización sin fines de lucro.
La defensa legal de Buitrago Ortiz señaló que existía una petición de asilo pendiente que comenzó a tramitar luego de llegar al país norteamericano. “Se presentó en la frontera en Texas en noviembre de 2025 junto a su mamá y sus hermanos para solicitar asilo porque le habían matado a su padre en Colombia”, explicó Anthony Enriquez, vicepresidente de Litigio en la organización y abogado de la joven, a CNN.
Aunque su entrevista inicial de “temor creíble” fue rechazada, su representante legal argumentó que la joven era beneficiaria derivada de la solicitud presentada por su madre, cuya evaluación sí fue aprobada. “Esto pone de manifiesto la aplicación arbitraria de la ley”, dijo el Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy en el comunicado.
Poco antes de ser deportada, la joven colombiana aseguró que su miedo de regresar al país latinoamericano se había incrementado.
“Nuestra clienta se enteró del asesinato del padre de su hija en Colombia, lo que agravó su temor a regresar“, detalló la organización. “Los solicitantes de asilo en trámite tienen derecho al debido proceso, como todos nosotros”, agregó.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió a las críticas y justificó la deportación. En declaraciones oficiales, funcionarios del organismo indicaron que Buitrago Ortiz era considerada una presunta integrante de la organización criminal conocida como Tren de Aragua.
Además, afirmaron que la joven había reingresado de manera irregular a EE.UU. luego de una deportación previa, lo que constituye un delito según la legislación vigente. “Los casos de solicitud de asilo pendientes no otorgan estatus legal y se le concedió la salida voluntaria del país”, informó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, a CNN.
En cuanto al estado de salud de la joven, McLaughlin aseguró que no existían registros médicos que indicaran problemas previos al vuelo. “La política del ICE exige que toda persona programada para ser deportada sea sometida a un examen médico. Ortiz no fue la excepción y abordó con éxito su vuelo de deportación”, detalló.
Actualmente, Zharik Daniela Buitrago Ortiz se encuentra en Colombia. De acuerdo con su abogado, logró comunicarse con su familia tras su llegada y comenzó a gestionar atención médica para continuar con su embarazo.
La deportación de la joven colombiana se inscribe en un escenario de mayor rigor en la política migratoria estadounidense. Durante la actual administración, los operativos del ICE se intensificaron, con un aumento de detenciones y expulsiones, incluso en casos que involucran a mujeres embarazadas.
Las directivas federales, como la normativa 11032.4, establecen límites claros a la detención de embarazadas, salvo que exista una amenaza concreta a la seguridad nacional o un peligro inminente para terceros. Estas reglas también obligan a revisar periódicamente la necesidad de mantener la custodia y a garantizar servicios médicos adecuados.
Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que, en la práctica, estas pautas no siempre se cumplen. Diversos informes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) documentaron en el 2025 un incremento de la presencia de mujeres gestantes en los centros de detención, con denuncias sobre falta de seguimiento prenatal y condiciones que no se ajustan a los estándares médicos mínimos.