Moncloa garantiza que encontrará la “solución” para que los casi diez millones de pensionistas no vean mermada su nómina de febrero. El Congreso tumbó este martes el decreto ómnibus donde se incluía la revalorización de las pensiones en un 2,7%, además de la prórroga del escudo social con la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y cortes de suministros básicos. Lo hizo con los votos en contra de PP, Vox y Junts, pero los socialistas han apuntado toda su artillería politica contra los populares acusándolos de tomar como “rehenes” a los pensionistas. Se evita así soliviantar a los posconvergentes, pues la intención es buscar con ellos “una salida” que permita salvar el grueso del decreto.
El primer gesto tiene que ver con ofrecer garantías a los propietarios por impago de alquiler. El Consejo de Ministros ya presupuestó en 300 millones los avales financiados por el Estado para este fin, pero que de momento no parece suficiente para Junts. Se guarda también el comodín de la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, después de que Podemos se abriese a levantar su veto como fruto de su acuerdo con el Gobierno para la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes. El desbloqueo de esta carpeta depende ahora de modificar el preámbulo del proyecto, a lo que se abren los posconvergentes y que Podemos exige para dar su apoyo, eliminando referencias que consideran “racistas”.
En este asunto, la mayoría de las críticas de Podemos se encuentran en la exposición de motivos de la ley. El partido liderado por Ione Belarra considera que se vincula inmigración con inseguridad y que se presenta la llegada de extranjeros como un «riesgo para la convivencia y la cohesión social» y para el futuro de la lengua catalana. Los posconvergentes están dispuestos a modificar el preámbulo de la norma, pero no el articulado, siempre que «no haya rebajas y no desnaturalice el espíritu y el contenido de la ley». Es decir, están abiertos a modificar el redactado de algunas frases, pero no la «filosofía» del texto, remarcan fuentes del partido, informan Carlota Camps y Ana Cabanillas.
Los socios del arco izquierdo alertan al Gobierno de que mida sus cesiones a los posconvergentes, pues podrían perder su apoyo. “Si ofrecen cosas que podría hacer también el PP sobraría de la ecuación el eje de la izquierda”, avisan fuentes parlamentarias de uno de los grupos que más ha defendido la prórroga del escudo social. En este juego de equilibrios, fuentes del Gobierno aseguran estar “trabajando” en materia de vivienda y otras alternativas para compaginar la protección de familiar vulnerables con la cobertura a los propietarios.
La línea de ayudas para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables ya formaba parte del Plan Estatal de Vivienda, pero ante su retraso se aprobó un decreto el pasado mes de diciembre y ahora se ha dotado presupuestariamente. “El aval garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad, y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan”, recoge el texto.
En el Ejecutivo ven margen con Junts al considerar que su discurso contra la parte del escudo social del decreto nada tendría que ver con el del PP. A los populares los acusan de asociar vulnerables que no pueden pagar puntualmente el alquiler con “delincuencia”, criminalizando su situación. Una asociación que no haría Junts y que abogaría, como pretendería el propio Gobierno, con proteger tanto a familias vulnerables, mientras se les busca un realojo, como a los propietarios de las viviendas.
Mantener el decreto “entero”
La pretensión del Ejecutivo, según fuentes conocedoras de las negociaciones con los grupos para recuperar el decreto, es “mantenerlo entero”. Esto es, evitar trocearlo y salvar todas las medidas que lo componen. Además de la revalorización de las pensiones y el escudo social, el texto incluía la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades y los entes locales o rebajas fiscales para afectados por dana y los incendios del pasado verano.
Entre las críticas que Junts compartió con el PP para justificar su voto en contra fue que se mezclasen estos asuntos con la revalorización de las pensiones, calificándolo de “chantaje”. “Pensiones, ‘sí’; Okupaciones, ‘no’. No pueden obligarnos a votar que sí a que no puedas hacer nada si te okupan el piso y no te pagan el alquiler», resumía desde la tribuna la portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras.
Los posconvergentes ya rechazaron el pasado año el decreto ómnibus que prorrogaba las medidas antidesahucios y posteriormente pactaron para su apoyo mecanismos ‘anti-ocupas’. Concretamente, medidas de reparación a los propietarios a cargo del Estado que tras aterrizarse ahora tratan de dotarse presupuestariamente.
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