El doble varapalo del Congreso este jueves al Gobierno ha vuelto a visibilizar la falta de mayorías progresistas para sacar adelante las medidas sociales de la agenda de Pedro Sánchez. A la imposibilidad de poner de acuerdo a la mayoría de investidura en materia de progresividad fiscal y vivienda, se añade ahora el bloqueo a la prórroga de las medidas de protección a las familias vulnerables. La suma de Junts al bloque de PP y Vox ha hecho que decayesen los decretos para la intervención de precios en situaciones de emergencia y de la prórroga del escudo social. Este último por segunda vez y pese a trocear estas medidas del decreto ómnibus y reformularlas con guiños dirigidos a atraer el voto de los posconvergentes. Principalmente, al dejar fuera de la moratoria antidesahucios a los pequeños propietarios.
Los gestos no fueron suficientes y en el Gobierno asumen que la reconciliación con Junts se hace imposible por lo que consideran un giro hacia “discursos de ultraderecha”. Su competición electoral con la emergente Aliança Catalana sería la causa, según la lectura de los negociadores de Moncloa. El caso es que el divorcio con los posconvergentes no solo sentencia los Presupuestos, sino también la seña de identidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De ahí la airada respuesta desde el Gobierno, que ha pasado de evitar las críticas para no soliviantar a los de Carles Puigdemont a acusarlos directamente de “mimetizarse” con PP y Vox.
Hasta este punto de inflexión, el Gobierno solo daba por perdidas las mayorías en materia de fiscalidad. En este caso, tanto por las posiciones de Junts como del PNV. La derrota más sonada fue la del decreto para prórroga del impuesto a las energéticas. Previamente, ya se constató la falta consenso para llevar al paquete fiscal la subida del diésel. Uno de los hitos del plan de recuperación, cuyo incumplimiento se tradujo en que la Comisión congelase 1.100 millones de euros de los fondos UE en el quinto desembolso.
Hace unos días, Pedro Sánchez agitaba la fiscalidad progresiva “para que los que más tienen contribuyan más” y endurecía el discurso contra los “oligarcas de la desigualdad”. Lo hacía en un contexto de debate interno en el seno del Gobierno de coalición, con Sumar empujando una tasa para gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Sin embargo, el propio jefe del Ejecutivo reconoció que “las mayorías que tenemos no son las de la anterior legislatura”.
No por ello dejó de señalar que los pasos hacia una fiscalidad progresiva todavía son “insuficientes”. Precisamente, este año 2026 caduca el impuesto a la banca, lo que ha azuzado el debate interno para tapar este agujero, que se calcula en torno a los 1.400 millones según la recaudación prevista. El impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras para sustituir el impuesto temporal a la banca, que tumbó la comisión de Hacienda del Congreso, se configuró para los ejercicios entre 2024-2026.
Contratos de alquiler
La fractura del Congreso, e incluso entre los socios de coalición, es también recurrente en materia de vivienda. El principal problema del país que señalan los encuestados para el barómetro del CIS. Desde el IVA a los alquileres turísticos al enfoque de los incentivos fiscales a los caseros que prorroguen los contratos de alquiler sin subida de precios.
El decreto anunciado a principios de año por Pedro Sánchez para facilitar una prórroga de los contratos de alquiler que vayan a caducar este año se ha topado por ahora con el rechazo de sus socios. Empezando por Sumar, al proponer la parte socialista intervenir a través de incentivos fiscales de hasta el 100% a los propietarios que renovasen los contratos sin subir el precio.
En materia de vivienda, el presidente del Gobierno ha anunciado también recientemente que a través de fondo soberano ‘España Crece’ se movilizarán 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para construir 15.000 viviendas al año. Un nuevo instrumento para el que todavía no se han captado inversiones privadas y que parte con una base de 10.500 millones de euros de inversión pública del Plan de Recuperación.
Récord de decretos rechazados
Con los dos decretos tumbados por el Congreso este jueves, Sánchez acumula solo esta legislatura un total de siete convalidaciones fallidas. Desde su llegada a La Moncloa en 2018 la cifra asciende a nueve, suponiendo así la mayoría de la docena decretos rechazados desde la vuelta de la democracia.
Paralelamente, el Ejecutivo ha redoblado el recurso a este instrumento concebido para los casos de justificada «extraordinaria y urgente necesidad”. Unos varapalos que han acabado por normalizar, como también las simbólicas reprobaciones a ministros. Entre el Congreso y el Senado son hasta ocho los ministros que han sido censurados esta legislatura.
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